Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación del año pasado, parámetro que sirve para determinar el posible incremento salarial, fue inferior al 1%. Se estima que en 2020, Bolivia terminó con un decrecimiento de 10% del PIB y la tasa de inflación acumulada llegó solo al 0,67%. Es decir que el país ha dejado de producir aproximadamente $us 4.200 millones en bienes y servicios, y el salario no ha perdido valor adquisitivo.
Los trabajadores fabriles de La Paz hicieron conocer su demanda salarial de un aumento de 10% al mínimo nacional. Un ampliado de la COB definirá el pliego que entregarán al presidente Arce. Sin embargo, el incremento salarial debe ser una negociación tripartita entre el Gobierno, empresarios y trabajadores de acuerdo a las normas de la OIT. En este momento en que el país vive la emergencia sanitaria, y con una economía en crisis, no tiene sentido un alza salarial. Por el contrario, la prioridad en estos tiempos que vivimos en todo el mundo, debe ser mantener las fuentes de empleo y reactivar la economía del país.
La incertidumbre sobre cuál será la proyección de la economía para esta gestión aún está latente, básicamente porque la segunda ola del coronavirus había sido prevista para febrero de 2021 y se dio en diciembre de 2020; por tanto, las proyecciones para un crecimiento de 4% del PIB debido al efecto rebote económico, se han puesto en riesgo y se agravan por una posible tercera ola.
Debemos remarcar que pedir incremento salarial y, al mismo tiempo, mantener estabilidad laboral y promover la reactivación del aparato productivo no es congruente, más bien iría contra la estabilidad laboral y la reactivación de la economía del país. En ese sentido, resaltamos las palabras del ministro de Economía, Marcelo Montenegro: “Hay que evaluar cómo está la economía; que en cierta forma va a determinar si es posible un parámetro de incremento y hay que evaluar, estamos recién terminando el segundo mes (del año); hay que ser cuidadosos, la economía ha sido ultrajada, ha caído en el piso, ha sido lastimada, hay que ver cómo va esta recuperación y hay que ver los elementos que pueda brindar la economía para evaluar esta posibilidad”.
La situación de la empresa privada en el país es preocupante. Se ha establecido que el año pasado, la industria perdió 70.000 empleos por la crisis económica derivada de la pandemia, por lo que estas empresas no están en condiciones de cumplir con un incremento salarial. La crisis también afecta al sector de la microempresa, en 2020 al menos 100.000 pymes se declararon en quiebra ante la emergencia sanitaria, lo cual significa que por lo menos 500.000 personas perdieron su fuente de trabajo, porque cada una de estas empresas tiene hasta cinco trabajadores. Esta situación se agrava porque en el país habrían otras 600.000 pequeñas empresas que corren el riesgo de no volver a operar.
La Confederación de la Micro y Pequeña Empresa establece que las pymes representan el 79% de la base de la economía boliviana y generan alrededor del 40% de los empleos nacionales. Si se les obliga a dar un incremento salarial, se tendrá como respuesta el cierre de más microempresas, con el consiguiente incremento del desempleo. Esta dolorosa realidad del sector formal, no importando cual fuere el tamaño de empresa, permitió el crecimiento del sector informal, que en Bolivia llega al 80% de la actividad económica.
Se debe priorizar la preservación del empleo, en lugar de exigir un incremento salarial desproporcionado que ahonde aún más la crisis económica que atraviesa Bolivia. Todos debemos invertir el tiempo en reinventarnos, los empresarios constantemente estamos viendo nuevas formas de aplicar más profundamente la economía 4.0, que no es otra cosa que la economía del talento, debemos ser inventivos y practicar la economía circular que tanta falta le hace a nuestro planeta.
Por su lado, el Gobierno, junto a todos sus colaboradores, debe generar las mejores condiciones para industrializar el litio, realizar exploraciones para encontrar reservas de gas, y promover un manejo adecuado del sector minero que reactive la actividad minera del país. Así lo manifestó el presidente Luis Arce en el conversatorio sobre la reactivación económica realizado el lunes 1 de marzo, destacó la importancia del sector privado en la reactivación económica y el desarrollo empresarial, y comprometió su apoyo a la creación de nuevas empresas mixtas para la producción de biodiésel por ejemplo, y a las asociaciones público privadas como Fundempresa.
La reactivación económica es un esfuerzo conjunto de todos los que habitamos este hermoso país, es hora de trabajar hombro a hombro sin discriminación para lograr el bienestar común.
Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
