En este último tiempo han surgido variadas críticas, generándose incluso un falso debate en torno al proyecto de ley que únicamente pretende ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales que son proveídos desde el extranjero y que además implican un costo, vale decir, a aquellos servicios que no son gratuitos.
Una campaña mal intencionada de desinformación ha surgido desde varios frentes, pero con un fin común, confundir a la población. En ese sentido, resulta ampliamente necesario entender las concepciones básicas de esta propuesta en cuestión, a fin de no ser víctimas de esta coyuntura que se ha visto apañada por diversos personajes, particularmente del área política, lo que en última instancia denota su deficiente capacidad en temas estrictamente tributarios.
En principio, es trascendental señalar que la medida no tiene la intención de crear un nuevo impuesto, como muchos pretenden hacer creer, siendo que en realidad lo único que se busca es alcanzar con el IVA a los servicios digitales pagados que son provistos desde el exterior, por ejemplo, Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, entre otros que son consumidos por el 2% de la población boliviana.
En ese contexto, las acciones habituales de la absoluta mayoría de la población (98%) a través de los servicios digitales que son de acceso libre y gratuito, como la navegación por Facebook, Twitter y TikTok; el uso del servicio de mensajería de WhatsApp y Messenger; el asistir a una clase virtual a través de Zoom o Google Meet; entre muchos otros más, seguirán siendo gratuitos dado que la propuesta de norma en ningún momento fue proyectada para gravarlos.
A objeto de continuar desmintiendo el conjunto de falacias que se han generado por este proyecto de ley, es importante mencionar que esta medida ya se ha ido implementando en varias partes del mundo, y en casi la totalidad de nuestros países vecinos, donde las alícuotas del impuesto gravado a los servicios en cuestión son más altas que en nuestro país.
Por otro lado, se busca amplificar la eficiencia del IVA, en razón de un trato igualitario, siendo que los consumidores de estos servicios de paga deben contribuir como el conjunto de la sociedad lo hace al adquirir cualquier servicio en el ámbito local.
Por último, resulta necesario entender que al ser el IVA el impuesto con el que se pretende alcanzar a los servicios en cuestión, en última instancia esto significa un beneficio para el conjunto de la población, dado que el IVA es un impuesto coparticipable, por lo que, con la recaudación obtenida, son directamente beneficiados los municipios y las universidades, y éstas son verdades que no son manifestadas por los pseudoanalistas.
Álvaro Nina Nina es economista.
