En noviembre del año pasado concluyó la gestión Longaric al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores. La novedad de ser la primera mujer con antecedentes académicos en alcanzar tan importante cargo, además de tener una posición clara con relación al proceso en La Haya, hizo que su designación sea bien recibida por varios especialistas en temas internacionales; personalmente escribí una columna en enero del año pasado, Longaric, Pinto y La Haya, en la que enfatizo la importancia de que el género femenino participe decididamente en temas y procesos jurídicos entre Estados.
Sin embargo, la práctica no siempre acompaña a la reflexiva y luminosa teoría. No obstante, no es propósito de este artículo indagar sobre hechos de conocimiento público que caracterizaron a dicha administración, como el torpe comunicado de la Dirección de Ceremonial obligando al personal a vestir de traje y corbata, designaciones políticas en las que la canciller señalaba que únicamente cumplía instrucciones, o la promulgación del escalafón diplomático, puesto en duda por su falta de legitimidad. Tampoco se hará mayor referencia a su política exterior, la cual se caracterizó por romper relaciones diplomáticas con todo país que haya osado apoyar al anterior régimen.
Lo que sí quiero mencionar es el trato que las autoridades consulares designadas en la gestión Longaric dieron a nuestros compatriotas en países vecinos como consecuencia de la pandemia que se inició en marzo del año pasado, especialmente en Chile, país con el que no tenemos relaciones diplomáticas y deberíamos observar especial cuidado en materia consular, comercial y migratoria.
El año pasado, cientos de bolivianos necesitados de salvoconductos y transporte abarrotaron y cercaron en oleadas, durante semanas, los consulados de Bolivia en Santiago, Arica e Iquique, llamando la atención de la prensa y televisión chilena.
Particularmente en Santiago, la situación fue desesperante, puesto que los compatriotas tuvieron que dormir muchas noches a la intemperie frente a un consulado boliviano cerrado que no les procuró ni un baño o servicios higiénicos, incluso un impotente alcalde de la comuna chilena de Las Condes, Joaquín Lavin, llegó a exclamar que “el consulado boliviano en Santiago no existe”, y la alcaldesa Evelyn Matthei, de la comuna de Providencia, exigió hablar con la presidenta boliviana de entonces “de mujer a mujer”, dado el evidente maltrato e indiferencia que sufrían los bolivianos.
La falta de sensibilidad de las autoridades consulares fue evidente, puesto que pensaron que la problemática se resolvería con reuniones de logística y transportes con el canciller chileno, cuando lo que más se necesitaba era sensibilidad y protección consular, aspecto que los mismos chilenos exigieron. Al respecto basta con revisar el material audiovisual y noticias de esos meses.
En dichos registros se observa a un cónsul boliviano en Iquique, quien ante la demanda de ayuda de mujeres bolivianas les responde “que les ayuden los chilenos”, o al cónsul de Bolivia en Santiago, ante reclamos de compatriotas, llegar a exclamar “que le lastimaban los oídos”.
Acá una necesaria reflexión: la construcción de confianza y el acercamiento al mar, como elementos de la diplomacia de los pueblos, pasan necesariamente por afianzar relaciones consulares en las que el elemento central tiene que ser el migrante, el cual requiere total apoyo y protección de nuestro Estado.
Funcionarios sensibles a las múltiples necesidades de los que deciden aventurarse en el extranjero debe ser el componente fundamental de nuestro servicio exterior, para que nunca más nuestra población residente en el exterior sea humillada o despreciada, y así dejemos de ser, parafraseando a Longaric, “la comidilla de los cuerpos diplomáticos”, aspecto que su gestión lamentablemente no ayudó a superar.
Juan Carlos Dueñas Muñoz es doctor en Derecho.
