Las decisiones y acciones de los comandantes de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas fueron determinantes en la crisis de octubre- noviembre de 2019, posibilitaron la consolidación del golpe de Estado y al gobierno de facto. En este artículo analizaremos las acciones y decisiones de la Policía.
Luis Fernando Camacho tiene la cualidad negativa de anunciar y delatar a sus aliados de la conspiración. En el cabildo del Comité Cívico pro Santa Cruz del 2 de noviembre de 2019, lee un pliego de la Policía sobre sus reivindicaciones e “instruye” al próximo gobierno que atienda su pedido.
Entre el atardecer del 8 y la mañana del 9 de noviembre, los nueve comandos departamentales se amotinan, pero en una franca actitud conspirativa. El primer punto de la demanda es la renuncia del Presidente y el Vicepresidente, no es una reivindicación sectorial sino una consigna similar a la estrategia de toda la derecha cívica, política y eclesial, marchan con sus uniformes, de civiles y con su armamento reglamentario junto a los cívicos por varias capitales urbanas.
Entre el 8, 9 y 10 se produce el saqueo y la quema de viviendas particulares de autoridades políticas de los gobiernos nacional y departamentales, de la casa de doña Esther (hermana de Evo Morles); los policías, de civiles, son parte de esas acciones y los comandantes departamentales son veedores pasivos de los hechos vandálicos.
Desde la llegada de Camacho a La Paz, el 6 de noviembre, su traslado a un hotel de la ciudad, su estadía y todo el desplazamiento del domingo 10 por la tarde rumbo a la plaza Murillo, hasta su ingreso al edificio de la UTOP (en la plaza Murillo) y el traslado e ingreso al Palacio Quemado, la Policía se constituye en la seguridad oficial de Camacho y Pumari.
El 10 en la mañana, por instrucción de la Fiscalía, proceden a la detención de los vocales nacionales y departamentales del tribunal electoral. A las 15.00, el comandante general, a través de un video, pide la renuncia del Presidente.
El lunes 11 por la mañana despliegan todo un operativo de represión, detenciones en los bloqueos que se desarrollaban en La Paz: Ovejuyo, El Pedregal, Chasquipampa, con el saldo de tres muertos por impacto de bala; en Cochabamba, Huayllani, un muerto por impacto de bala.
En horas de la tarde, la plaza Murillo está cercada por policías uniformados y armados e impiden que ingresen parlamentarios del MAS, principalmente senadores, a la sesión que tenía que desarrollarse el lunes 11 y el martes 12 para permitir que la senadora Jeanine Áñez pueda autoproclamarse presidenta del Senado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y presidenta de la República de Bolivia.
Al finalizar la tarde, el general Calderón, comandante de la Policía, le envía una nota a la senadora Áñez (aún no se había proclamado presidenta), considerándole ya presidenta, solicitándole que instruya que las FFAA colaboren con el “control” (represión) de las “hordas masistas” que estaban poniendo en “zozobra a la ciudadanía”.
En horas de la noche, conjuntamente las FFAA anuncian el Plan Sebastián Pagador para desplazar fuerzas conjuntas que garanticen la paz en las capitales de departamentos. Esta decisión implica que el país, de hecho, estaba en un estado de sitio para garantizar la “sucesión constitucional” y la organización del gobierno de facto.
Las acciones que toma la Policía son interdependientes y coordinadas en tres momentos: el primero en la fase conspirativa, en estricta coordinación con Camacho se pliegan armados y activamente al movimiento político conspirativo con la misma consigna estratégica: renuncia de las principales autoridades políticas del gobierno. En el segundo se subordinan al mando del grupo político de la Universidad Católica que decide quién será la presidenta y la forma de organización del gobierno de facto y sin anunciar el levantamiento del motín, empiezan a tomar acciones por instrucción directa de Áñez, a la que explícitamente ya consideran presidenta; esas acciones son la represión a los movimientos sociales que se oponen al golpe y a la quema de la wiphala, y cercan la plaza Murillo para impedir el ingreso de los parlamentarios del MAS a las sesiones de las cámaras de Senadores y Diputados, y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para asegurar la autoproclamación. Y el tercer momento es el despliegue armado, en conjunto con las FFAA, en las represiones de Betanzos, Senkata y Sacaba, con persecuciones, detenciones, torturas para imponer la autoridad política del gobierno de facto.
La participación de la Policía fue determinante para garantizar la estrategia conspirativa de las derechas criollas y externas.
César Navarro Miranda es exdiputado, exviceministro y exministro de Minería.
