La tres veces derrotada candidata presidencial en Perú, Keiko Fujimori, acuñó una nueva expresión en la ya larga lista de denuncias (no probadas) en procesos electorales en la región: “fraude sistemático”. Y con esa bandera pretende anular 200.000 votos para revertir la estrecha victoria de Pedro Castillo (poco más de 60.000 votos, con el 100% de actas procesadas). De manera conveniente, Fujimori habló de “fraude” recién cuando Castillo la superó en el cómputo oficial.
A reserva de cómo la autoridad electoral resuelva las impugnaciones del supuesto “fraude en mesa”, así como de las actas observadas, con errores o incompletas, preocupa que los actores políticos agiten la narrativa del “fraude” en lugar de asumir el resultado de la votación, esto es, la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En 2016, cuando Kuczynski le ganó en segunda vuelta con apenas 41.000 votos de diferencia, Keiko reconoció su derrota sin alegar fraude.
Para no ir más atrás ni quedarnos en la región, recordemos que otro candidato perdedor, Donald Trump, insistió hasta el final, sin ninguna evidencia por supuesto, en que le habían robado las elecciones. El republicano habló de “fraude a gran escala”, asegurando que era “estadísticamente imposible” que haya perdido. Y declaró que había “votos ilegales” en su contra. En su fallido intento por revertir el resultado, degradó incluso el sistema electoral estadounidense.
En Bolivia también conocemos estas historias. Menciono solo dos. Tras salir tercero en las elecciones de 2002, el candidato presidencial Manfred Reyes Villa denunció “fraude informático” (sic). Obviamente no pudo probarlo. Ocurrió también hace poco, en los comicios 2019, cuando un día después de la votación, sin resultados del cómputo oficial, se cantó “fraude monumental”. La misma fórmula la replicó el candidato de CC a la Alcaldía cruceña: “fraude descomunal”.
Fraude sistemático, en mesa, a gran escala, informático, monumental, escandaloso… Tanto, tanto fraude. ¿Y las pruebas, señorías? En general, la normativa electoral en la región establece mecanismos, procedimientos y plazos legales para interponer recursos ante posibles anomalías e irregularidades en todas las fases del proceso, en especial en la votación, escrutinio y cómputo. Claro que es más cómodo y rentable para los derrotados gritar “fraude” ante la platea y los reflectores mediáticos.
Cualquier indicio de fraude electoral debe denunciarse, investigarse, comprobarse y, en su caso, recibir máxima pena. Habría que pensar también en sanciones para quienes proclaman “fraude” sin evidencia, dañando la legitimidad del resultado y de la democracia.
FadoCracia curiosa
La reciente declaración de Jeanine Áñez ante la Fiscalía suscita valiosas interrogantes sobre los hechos de 2019. Veamos: 1. ¿Quién la llamó por teléfono el 10 de noviembre, en altavoz, desde la Universidad Católica, para ofrecerle la presidencia? ¿Ricardo Paz, según asegura la propia Áñez, o Tuto Quiroga, como jura el padre Fuentes? Alguien miente. 2. ¿Por qué el 11 de noviembre, cuando la senadora llega a La Paz, la esperaba en el aeropuerto ¡un helicóptero de la Fuerza Aérea!? ¿Quién lo mandó? 3. ¿Por qué el uniformado que la recibió “tenía instrucciones” de llevarla al Colegio Militar? Sí, al Colegio Militar. 4. ¿Por qué ahí le “mandaron a decir” que vaya al Hotel Casa Grande para verse con Luis Fernando Camacho (y otros nueve hombres) y hablar de “asumir el cargo”? 5. ¿Por qué esa tarde, después de reunirse con los suyos en la Asamblea, fue llevada ¡a la Academia de Policías!, donde la esperaban Camacho, Murillo, Ortiz? 6. ¿Quién organizó el operativo, en fin, el 12 de noviembre, para “instrumentalizar las normas” (incluido el inaudito comunicado del TCP) y forzar la autoproclamación presidencial ipso facto? 7. ¿Así operó el Plan B?
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.
