Antes de la pandemia del COVID-19 había diversas agendas para el diseño de las ciudades sostenibles o “inteligentes”, con políticas públicas propias hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y las mismas incidían en el objetivo 11, que se refiere a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
El enemigo de la humanidad, la pandemia, motiva a una nueva visión de planificación y desarrollo. Y, en Bolivia, la proyección es hacia el Bicentenario en 2025, que llegará con la antesala de cambios políticos, sociales y conflictos, en un escenario actual que busca establecer un equilibrio entre emergencia sanitaria y reactivación económica.
“Para que nadie se quede fuera” es la premisa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), empero, en los municipios del eje troncal de Bolivia podemos identificar pequeñas estrategias, como el caso de La Paz, que derivan de una gestión previa de varias metas que se aproximaron a los objetivos de la ciudad sostenible, como el “transporte limpio”, con Mi Teleférico; y también los buses PumaKatari y ChikiTiti, que no solo mejoraron la calidad de vida, sino que crearon conciencia sobre ordenamiento urbano.
Nos encontramos en un momento ideal para la planificación, diseño de una “Agenda Urbana COVID- 19/2021” para el desarrollo de ciudades inteligentes, en base a un abanico de políticas públicas propuestas por los municipios. No es inalcanzable la sostenibilidad, pero el actual barco que tomaron los gobiernos municipales y gobernaciones está en un cauce distinto, estrecho con pocas posibilidades de girar hacia otro más amplio.
En este tiempo se percibió cierto desconocimiento sobre el real impacto económico en la ciudadanía. Entre la primera y la tercera olas, las acciones fueron cobrar impuestos y patentes con multas e intereses, que aún son la base importante de recaudación y urgentemente queda pendiente los incentivos para no dejar morir a los negocios. Del discurso al hecho hay un trecho de condicionamientos y es que los planes de gobierno presentados en época electoral aún no se acomodan a la realidad. Y, si preguntamos: ¿Qué facilidades dan los municipios para que las actividades económicas afectadas por la pandemia puedan tener una oportunidad de resiliencia, cambiar de rubro?
Quizás, en la estadística hay el registro del efecto planteado pero es vital contar con sostenibilidad. Y, es menester proyectar políticas públicas, al mediano y largo plazos para no tener la recurrencia de salvavidas como: “la promo 2×1 del pollo a la brasa”, si es que presentas el certificado de vacunación. El aporte privado es importante, pero no tiene fuerza si no hay apoyo del Estado.
Ni qué decir de las caseritas que viven del día o productores que apenas superan el 50% de su reactivación.Todo este universo es parte de un problema estructural que se asienta en criterios muy básicos para el desarrollo interno. Se debe trabajar en los ODS que son transversales a la construcción de la ciudad sostenible, relacionados con la reactivación económica; y es aquí que debemos mencionar el ODS 8: “Trabajo decente y crecimiento económico”; ODS 9: “Industria, innovación e infraestructura” y el ODS 12: “Producción y consumo responsable”.
Es necesario unir esfuerzos para no fomentar lo ilegal, ni el desempleo. El no tomar medidas internas, locales y oportunas afectará al Producto Interno Bruto, a la economía de nuestras ciudades, sus habitantes y el efecto negativo es la postergación de las ciudades sostenibles.
C. Melody Jiménez es abogada constitucionalista.
