La noche del 25 de julio de 2019, el embajador Bruce Williamson invitó una cena al subdirector adjunto del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin O’Reilly, en su residencia en La Paz. Asistieron a la comida otros amigos, los representantes y embajadores de la OEA, la Unión Europea, de Brasil, de Perú y de Argentina. A tres meses de las elecciones del 20 de octubre.
El funcionario de Donald Trump había llegado al país un día antes con el objetivo de evaluar los intercambios comercial y educativo. ¡Y, obviamente, asuntos políticos!
Un cable diplomático argentino, al que tuvo acceso LARAZÓN, develó la intimidad de la cita, en la que O’Reilly expresó su preocupación sobre las elecciones. Puso especial atención en la transparencia de los comicios, las “idas y venidas” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la contratación de la empresa que regiría la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en una eventual victoria de Evo Morales, sea porque lo dicen las encuestas o debido a que “podría configurarse un escenario de fraude, en particular, en las localidades más pequeñas del interior del país, en los departamentos en los que la fórmula del MAS es ampliamente favorita”.
Es más, O’Reilly había señalado a los embajadores amigos que “resultaba clave que los países citados para la ocasión levantaran, al tiempo que bajan el nivel de la agenda, la voz respecto de la transparencia del acto electoral en ciernes” en Bolivia.
“Estados Unidos, en este momento en Bolivia, carecen de recursos eficaces como los de los países de la región”, alude el cable.
En otras palabras, O’Reilly dijo a sus interlocutores que instalaran la tesis del “fraude”. En sendas reuniones con periodistas durante esos días, el mismo Williamson se encargaba de mostrar una “encuesta” que decía que el “72% de los bolivianos cree que en octubre habrá fraude”.
El fraude comenzó entonces, de acuerdo al guion establecido.
Las preocupaciones de O’Reilly no fueron casuales, y al final coincidieron con lo que supuestamente ocurrió en las elecciones.
El TSE fue blanco de ataques, presiones y cuestionamientos durante todo el proceso electoral de 2019. Incluso los entonces candidatos presidenciales Carlos Mesa, que permanentemente calificó al TSE de funcional al gobierno, y Óscar Ortiz propiciaron una serie de protestas contra el tribunal.
La paralización del TREP, a las 19.40 del domingo 20 de octubre de 2019, fue la mecha que encendió las alarmas. Aquél es un sistema de conteo rápido oficial, no vinculante ni definitivo sino informativo a medida que avanza el cómputo oficial. Tres meses antes de los comicios, O’Reilly le había puesto ojo a esto.
Dicho problema fue el mayor argumento del conflicto poselectoral de entonces que terminaría por derrocar a Evo Morales, y la misión de la OEA basó en eso su auditoría posterior. En las elecciones de 2020, ese mismo sistema de transmisión preliminar de resultados fue suspendido un día antes de la votación sin ninguna objeción de la OEA ni de las fuerzas políticas ni de los candidatos.
O’Reilly también se preocupó por la votación favorable a Morales en poblaciones pequeñas. Una de las observaciones de la misión de la OEA precisamente coincidía con esa preocupación y señalaba que hubo un “procedimiento altamente irregular” en actas de 86 centros de votación en 47 municipios del país cuya votación a favor de Morales fue 91%.
En las elecciones de 2020, en las mismas poblaciones la votación se repitió.
A estas alturas de los hechos, el informe de la OEA ha sido desahuciado por una serie de estudios independientes y los mismos denunciantes no pudieron probar los extremos.
Mientras, los debates continúan irreconciliables, aunque poco a poco se están conociendo pormenores de aquellos sucesos. Y en la trama, la OEA, la UE y Brasil, al menos, aparecen en los hechos, como aquella reunión de la Universidad Católica en la que participaron para promover la sucesión de Jeanine Áñez.
Rubén Atahuichi es periodista.
