Casi 15 años después de la muerte del exdictador chileno Augusto Pinochet, las víctimas de su brutal régimen siguen intentando que él y sus colaboradores rindan cuentas. Y ahora las víctimas parecen estar un paso más cerca de la justicia, aunque el tribunal esté al otro lado del mundo.
En julio, la Corte Suprema de Justicia de Chile fue notificada por la Audiencia Nacional de España de que se había reabierto una investigación en Madrid sobre si un banco, el Banco de Chile, ayudó a Pinochet y a sus socios a lavar millones de dólares en el extranjero, según documentos judiciales enviados a los abogados que llevan el caso.
Los demandantes están encabezados por la Fundación Presidente Allende y representan a más de 20.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. El esfuerzo jurídico se concentra en los fondos que se cree que fueron expropiados por Pinochet y sus allegados y transferidos a cuentas personales en el extranjero, en lo que los demandantes dicen que fueron también actos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Aunque Pinochet murió bajo arresto domiciliario en Chile en 2006 sin llegar a ser juzgado, fue detenido en el Reino Unido en 1998 por orden de Baltasar Garzón, un juez español, que luego no logró convencer al Gobierno británico de que lo extraditara a Madrid. En cambio, el Reino Unido le permitió regresar a su país debido a su mala salud. En 2011, una comisión chilena que investigó las torturas, los secuestros, los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos durante la dictadura del general identificó a más de 40.000 víctimas.
Durante años, el Banco de Chile había argumentado con éxito que era Chile y no España el que tenía la jurisdicción para investigar sus operaciones relacionadas con Pinochet. Pero, en Chile, la Justicia cerró en 2013 una investigación por lavado de dinero sin imputar al general ni a nadie. Según un estudio comisionado por la Corte Suprema de Chile, solo $us 2 millones de los 21 millones identificados como fortuna personal de Pinochet pudieron ser contabilizados como dinero limpio.
Al final, en 2018, la Corte Suprema de Chile ordenó la restitución de $us 1,6 millones de los bienes de Pinochet, además de condenar a tres de sus generales por fraude vinculado con fondos públicos. El Banco de Chile nunca fue acusado en Chile por lavado de dinero, pero pagó $us 3,1 millones a las autoridades chilenas en 2009 por irregularidades administrativas relacionadas con el dinero de Pinochet.
En el informe en el que explica porque reabriría la causa, la Corte española dijo que el Banco de Chile debía reservar $us 103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas del régimen de Pinochet están reclamando. Sin embargo, el juez español que conoce la causa aún no ha ordenado al banco que deposite esta fianza. La cantidad se basa en las conclusiones de la Fiscalía española en 2009 tras investigar el presunto lavado de dinero de Pinochet.
El Banco de Chile es propiedad mayoritaria de Quiñenco, la sociedad controladora de la familia Luksic, que figura entre las más ricas de Chile. El presidente del banco, Pablo Granifo Lavín, es uno de los acusados en el caso. El Banco de Chile cerró su filial en Nueva York tras verse envuelto en la investigación del Riggs.
La decisión del tribunal es en sí misma una victoria para los demandantes contra el Banco de Chile, ya que el banco había estado “intentando durante años engañar a los jueces españoles para convencerlos de que sus actividades podían ser investigadas de manera apropiada en Chile”, dijo Juan Garcés, un abogado español que representa a los demandantes. “Tenemos pruebas muy sólidas que nos hacen confiar en que finalmente podremos condenar a quienes ayudaron al dictador a lavar su dinero”.
Raphael Minder es columnista de The New York Times.
