En las últimas semanas un nuevo argumento es usado por los cívicos de Santa Cruz para generar enfrentamiento entre bolivianos, pero a diferencia de un supuesto fraude, el de esta vez devela el que al final siempre ha sido el motor de todos los actos de una cúpula elitista de poder: el buscar que la otorgación de tierras que se hizo allá por los años 70 con el gobierno de facto de Banzer pueda mantenerse en el tiempo y con las mismas familias que han logrado controlar la economía de toda el ala oriental de Bolivia.
Es necesario aclarar cómo ingentes cantidades de tierra llegan a manos de unos cuantos, prácticamente gracias a la ejecución del plan Bohan (1943, en el gobierno del general Peñaranda), que tenía como principal misión implementar un modelo de crecimiento económico basado en una suerte de efecto derrame, donde ricos (mejor si son extranjeros como el caso de menonitas) son los que, a través de medios de producción concedidos por el gobierno, cuentan con las suficientes «capacidades» para comandar un proceso de desarrollo. Esto sin olvidar que detrás estaba el plan colonizador de los EEUU, que mandan a un teórico (Marvin Bohan) para que elabore el documento que sería entregado al gobierno como el mecanismo de salvación de lo que para entonces se entendía por progreso.
Los resultados de la acumulación de tierras fértiles en unos cuantos hacendados en el oriente boliviano han tenido distorsiones sumamente nocivas en la pirámide poblacional de ingresos, logrando que para finales de los años 90, después de años de acumulación de riqueza de estos acomodados, el 68% de la población en Bolivia se encuentre en niveles de pobreza. Esta construcción de sociedades tremendamente desiguales ha logrado la manifestación teórica de economistas de la talla de Stiglitz y Piketty afirmando que esta situación está asociada no solamente a un crecimiento más lento (si es que se logra crecer) y poco inclusivo, sino que se sumergen en inestabilidades sociales, siendo la desigualdad una opción política más que una consecuencia económica.
No es casualidad que en Bolivia entre 1996 y 2005 solo 9 millones de hectáreas se hayan saneado de las 103,3 millones que tienen la posibilidad de sufrir este proceso, tomando en cuenta además que, según datos del INRA, entre 1953 y 1992 (antes de proceso de titulación de tierras) los predios que contaban con algún documento legal para su uso, en un 68% tenían como dueños a empresas y latifundistas. Por otro lado, entre 1971 y 1978, durante el primer gobierno de Banzer, se distribuyeron 17,9 millones de hectáreas. En el gobierno del general Pereda, en 1978, se distribuyeron más de 609.000 hectáreas. En el gobierno del coronel Natusch Busch, en 1979, en 17 días se distribuyó 732.779 hectáreas.
En este contexto es necesario hacer dos puntualizaciones. El sistema de producción latifundista es altamente beneficioso para el tenedor del medio de producción; la mano de obra, pese a su rol fundamental en la producción, no es valorado. Dicho de otra forma, es el dueño de la tierra quien esclaviza a sus trabajadores (en su mayoría indígenas que vivían en las tierras que iban a producir) y quien recibe todas las ganancias. Aparte, está el hecho del acceso a financiamiento, ya que con la documentación que respalda la propiedad, las entidades financieras encuentran el ancla perfecta que sirve de garantía para el préstamo, que al final logra ser el componente necesario para tener niveles de productividad aceptables y, por ende, el ingreso a mercados. Pese a que muchos dueños de predios regalaron tierras, documentalmente el dueño seguía siendo el terrateniente, limitando la producción del trabajador para consumo personal, lo que conllevaba el cierre total de puertas financieras.
A muchos cruceños les vendieron la idea de que el patrón maneja mejor el dinero, que fruto del pensar de una “mente brillante” administrando recursos, buena parte de la gente puede salir beneficiada; la verdad es que todos tenemos capacidades y por, sobre todo, sentido común, vital para tomar decisiones de orden económico, esto nos hace competidores del “dotado de virtudes” y probables administradores y tomadores de decisión de recursos públicos. Eso es lo que a toda costa un reducido grupo de parapetados en comités cívicos han tratado de evitar, en una hipotética defensa de la democracia que resulta ser su peor verdugo, ya que en los hechos y ante su postulación para la presidencia del país no lograron superar un 15%.
Mike Gemio es economista.
