El mes pasado ocurrió algo maravilloso en Memphis: los organizadores comunitarios de la ciudad lograron impedir que un oleoducto de crudo pasara por debajo del histórico barrio de Boxtown, así como de otras comunidades con predominancia negra a lo largo de su ruta proyectada de 72 kilómetros.
El oleoducto Byhalia Connection iba a ser una empresa conjunta de Plains All American Pipeline y Valero Energy. A pesar de los terribles antecedentes de seguridad de esas compañías, el oleoducto propuesto, anunciado por primera vez en diciembre de 2019, se habría colocado justo debajo de un frágil acuífero de arena que suministra gran parte del agua potable del condado de Shelby, Tennessee, donde se ubica Memphis.
Por si eso fuera poco, los representantes del oleoducto emplearon tácticas intimidatorias contra los vecinos inconformes de Boxtown, fundada por antiguos esclavos poco después de la Proclamación de Emancipación. Cuando los residentes se negaron a vender las tierras de su familia por la mísera suma que les ofrecieron, las empresas interpusieron una demanda para obtener los derechos de la propiedad bajo dominio eminente, como lo informaron los sitios de periodismo MLK50 y Southerly. Los representantes del oleoducto les dijeron a los residentes que estaban optando por “el punto de menor resistencia” para ubicar el oleoducto.
El hecho de que no tuvieran éxito es un testimonio del poder de la organización comunitaria. La derrota del oleoducto representó una victoria extraordinaria contra un tipo de discriminación muy específico conocido como racismo medioambiental. Lo ocurrido en Memphis es solo una de entre muchas historias. En todos los estados del sur de Estados Unidos, la gente de color sufre más los efectos de la contaminación que los blancos. De cierto modo, tiene un sentido algo sombrío el hecho de que las personas más perjudicadas por los peligros ambientales sean las mismas que resultan más afectadas por la sociedad en su conjunto.
Las industrias contaminantes cuentan con que las comunidades que tienen en la mira estén desvalidas, y cuentan con que los habitantes de las comunidades poderosas no les presten atención. Para las comunidades más adineradas, la situación tiende a pasar desapercibida, al menos hasta que esté tan cerca que se convierta en una lucha adoptada pero aún ajena.
Ignorar las injusticias lejanas no es solo una indiferencia hacia el sufrimiento humano; también refleja una falta de comprensión de cómo funciona en realidad el daño medioambiental. El aire contaminado no se queda en las comunidades de bajos recursos. El agua contaminada no se queda en los barrios de habitantes negros o morenos. Como dice la abogada Chandra Taylor, “cualquier cosa que cause un daño devastador a la gente de color acabará afectando a todo el mundo”.
Los esfuerzos por privar de sus derechos a la gente de color han tenido lugar en el sur de Estados Unidos desde el periodo de la Reconstrucción Nacional. Sin embargo, el poder político no es estático. Lo sucedido en Memphis este año es un ejemplo de cómo las personas históricamente desvalidas pueden colaborar para eliminar un patrón de racismo medioambiental que ha estado presente durante más de un siglo y medio. También es un ejemplo de por qué debería importarle al resto del mundo.
Margaret Renkl es columnista de The New York Times.
