¿Quién o quiénes dictan la lista de preocupaciones cotidianas de una determinada porción de la sociedad humana? En el caso concreto de Bolivia, con sus aproximadamente 11 millones de habitantes, ¿quién o quiénes fijan la agenda diaria de temas que suscitan la atención de la gente? ¿Serán los medios de difusión masiva que cumplen esa delicada función, es decir, los periódicos, la Tv, la radio y las llamadas “redes sociales” de internet? ¿Serán quizá los politólogos convertidos en “opinadores” de moda e invitados por los medios los que le dicen a la ciudadanía de qué temas debe ocuparse? ¿O tal vez las señales que emite el Gobierno son las que dan la pauta sobre los asuntos cotidianos a debatir? ¿Más todavía, serán los políticos de oposición los que imponen la agenda?
En una sociedad democrática y plural caben todas las interrogantes anteriores. Y una aproximada y sensata respuesta sería que todas ellas buscan tener su parcela en la dinámica construcción de la agenda cotidiana. Se trata, por cierto, de una pugna permanente, una disputa constante por ocupar un espacio bajo el sol.
Tratándose de los medios masivos, algunos se inclinan principalmente por capturar mayores audiencias a cualquier costo, incluidas delirantes crónicas rojas y payasadas a granel. Otros machacarán con el mayor énfasis los temas que perjudiquen a sus adversarios políticos. Las “redes…” dan lugar a la participación, pero también propalan noticias falsas y manifestaciones de odio irracional y racista, por lo general enmascaradas en el anonimato.
De ahí la importancia de que sea la gestión de gobierno y en su caso la oposición responsable las que de uno u otro modo influyan en la construcción de la agenda del día. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido en Bolivia en las últimas semanas. Luego de la letanía de “fraude” o “golpe” que tuvo su clímax en la celebración del 6 de agosto, vino la fuerte repercusión del informe del GIEI, que provocó lecturas parciales, según convenía a cada quien en vez de generar un proceso de diálogo que dé la oportunidad de aplicar conjuntamente sus principales conclusiones.
Después, el Gobierno tuvo el desatino de centrar la atención en una suerte de castigo a Jeanine Áñez, realizando acciones y promoviendo movilizaciones que pusieron a la expresidenta en calidad de víctima y objeto de pronunciamientos de solidaridad con ella, incluso a nivel internacional. ¿Alguna instancia del Gobierno o de las organizaciones sociales que lo apoyan, es capaz de hacer una mínima reflexión sobre los resultados adversos de semejante orientación política? Parece que no. Más bien, en vez de aprender de las experiencias, da la impresión de que vuelven a las mismas andadas que desembocaron en la crisis de octubre-noviembre de 2019.
Reponer el tema de la reforma judicial según los seis ejes recién propuestos por el ministro Lima, nos parece una buena señal aunque, como era de esperar, ha sido recibida con mucha desconfianza por la oposición y por la ciudadanía en general. Dados los antecedentes, no será nada fácil que funcione como punto de partida para generar consensos imprescindibles para llevarla a la práctica.
Iniciativas semejantes, acompañadas de acciones puntuales que demuestren coherencia, entre lo que se dice y lo que se hace, es lo que falta de parte del Gobierno. Los temas saltan a la vista: rehabilitación económica con la mirada puesta en la producción de alimentos (soberanía alimentaria), la pandemia y las políticas de salud, el inminente riesgo de un descalabro educativo, los incendios forestales y las secuelas del cambio climático. Esos son los asuntos que debieran figurar en la agenda del país. ¿O estamos equivocados?
Carlos Soria Galvarro es periodista.
