La primera semana de septiembre, y en el caso de las más previsoras las últimas semanas de agosto, las instituciones públicas en todo el país vuelcan esfuerzos en poder elaborar la programación operativa anual para el siguiente año. Este proceso trata de cuantificar, proyectar, programar y sobre todo costear las actividades que serán realizadas por estos aparatos en aras de poder materializar un mandato social y político, canalizando esfuerzos en la búsqueda de mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, beneficiarios y/o usuarios.
En lo estrictamente teórico, aparecen conceptos útiles en esta construcción de planificación de corto, mediano y largo plazo, como el triángulo de Moore, que establece la necesidad de construir valor público a través de herramientas y orientaciones para la gestión política, programática y organizacional de las administraciones públicas. Por otro lado, existen conceptos más amplios como la Nueva Gerencia Pública, que pone a los servidores públicos como gestores de un servicio prestado y que debe ser entregado a las personas, quienes esperan que este pueda cumplir con parámetros de cantidad, calidad y oportunidad.
El día a día de los aparatos públicos y la vehemente reactividad que los envuelve los ha convertido en sagaces leones listos para devorar la presa o veloces gacelas preparadas para huir de la responsabilidad, esto dicho de una manera coloquial, ya que en muchos casos el ejercicio que debería extremar esfuerzos para que la siguiente gestión contenga parámetros que optimicen los recursos se convierte para muchos en una copia del año pasado con pocas variaciones y haciendo que lo último que se busque sea la innovación en la prestación de los servicios institucionales.
Para Bolivia, la Ley 777 establece el Sistema Nacional de Planificación, la conceptualización de tipologías de planes según el territorio al cual va a ser aplicado, la necesidad de la sectorialidad y acciones multisectoriales desde una perspectiva integral, esto a su vez ha dejado buenas bases para la parte estratégica y de generación de políticas públicas; sin embargo, aún en lo operativo y lo presupuestal se pueden construir más instrumentos metodológicos que ayuden a las diferentes unidades de planificación a reconstruir planificación cada año, volviendo a este proceso una oportunidad de mejorar procesos y procedimientos de orden administrativo como sustantivo.
Por otro lado, la implementación de plataformas informáticas en muchas instituciones les ha dado una ventaja comparativa respecto a las otras, ya que esto simplifica el proceso tedioso de agregación y consolidación, dando espacio al análisis y la reflexión sobre la importancia de las acciones operativas y su transcendencia en lo político, la mirada al usuario de los servicios prestados y los niveles de satisfacción que se genera; en definitiva, una catarsis anual que sacuda la comodidad y conformismo, permitiendo a ejecutivos recalibrar decisiones y plantear nuevos desafíos.
Las estructuras públicas materializan las decisiones de un gobierno tomando en cuenta todo el entramado de normativas vigentes, que desde ya para muchos resultan laberintos sin salida, consiguen que estas instructivas sean una realidad, ahí el concepto del servidor público técnico deja de ser una categoría distinta a la de político, es decir, separar lo político de lo técnico se hace una falacia en administración pública, son definitivamente complementarios y deben convertirse en un ciclo de retroalimentación constante, cuasi sinergia, que debe empalmar decisiones y análisis político con operativa, presupuesto y normativa.
Lo planteado en las líneas precedentes resulta ser una propuesta que muchos equipos de planificación dentro del Estado ya vienen ejecutando, con resultados muy interesantes, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de gestión por y para resultados, y consolidando un modelo listo para imprevistos, pero también con líneas de trabajo que son evaluadas constantemente a través de la construcción de indicadores medibles y con data que verifica su avance o desviación. Estos mecanismos institucionales han sido elaborados en base a la materialización de la experiencia de sus miembros, lejos de algunos que desde afuera opinan y recurren hasta la creación de conceptos como rebotes estadísticos o nueva nomenclatura en contabilidad nacional.
Mike Gemio es economista.
