El 10 de noviembre de 2019, se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua en nuestro país, provocando un quiebre constitucional liderado por las élites oligárquicas tradicionales y asentado en sectores de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, que rompieron la cadena de mando, forzando la renuncia de las autoridades electas para instaurar un régimen no constitucional, sustentado en el temor por el uso de la fuerza.
Los acontecimientos marcados por la conflictividad social y política de octubre y noviembre de 2019, desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, caracterizado por su corrupción, crisis política, económica, sanitaria y abuso de poder de las autoridades por la necesidad de controlar la pandemia, aspectos que debilitaron catastróficamente la democracia de Bolivia.
Se recuerda al lector que el gobierno de facto postergó en tres ocasiones las elecciones generales de 2020 bajo argumentaciones insuficientes e infundadas, e instrumentalizando políticamente la pandemia. En este contexto, el movimiento social y popular impidió con movilizaciones que ese gobierno pueda prorrogarse indefinidamente en el poder, logrando que los comicios se realicen el 18 de octubre de 2020 (18-O). Es así que, el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), al ser el único partido hegemónico y estructurado de la política boliviana con una militancia y un voto fidelizado, obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo con el 55,11% de los votos, recuperando de esa manera el orden democrático constitucional.
A partir de noviembre de 2020 y a la cabeza del presidente Luis Arce, el Gobierno viene implementando medidas económicas y sociales para la reconstrucción y reactivación de la economía, que estimulan la demanda y oferta con pilares basados en el restablecimiento del modelo económico social comunitario productivo, sin descuidar el tema sanitario mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.
En este sentido, por el lado de la demanda se tienen las siguientes medidas: Reactivación de la inversión pública con un presupuesto de $us 4.040 millones, cuya ejecución repunta a agosto en 106% respecto al mismo mes de 2020; Bono contra el Hambre de Bs 1.000, beneficiando a 4.035.773 personas, con total de Bs 4.036 millones; aumento adicional y extraordinario de rentas para los jubilados; reintegro al Impuesto al Valor Agregado con un importe devuelto de Bs 13,1 millones a julio; Impuesto a las Grandes Fortunas, cuya recaudación asciende a Bs 240,14 millones a mayo; incremento de 2% del salario mínimo nacional, a Bs 2.164; creación de ítems para salud y educación; y la devolución total o parcial de los aportes de pensiones.
Por el lado de la oferta se tiene el fortalecimiento de empresas públicas mediante aportes de capital; apoyo al sector productivo y promoción de la política de sustitución de importaciones mediante el crédito SIBOLIVIA con más de Bs 911 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones, para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBOLIVIA; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; ejecución de la subasta electrónica y el Mercado Virtual Estatal; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP), el cual destina hasta Bs 1.500 millones en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), con un importe de hasta Bs 2.000 millones, entre otras medidas de gran importancia.
Finalmente, y en el marco del plan de lucha contra el COVID-19, el Gobierno asignó Bs 2.268 millones para la adquisición de vacunas, pruebas de detección, medicamentos, equipamiento de hospitales y contratación de personal médico, logrando al 29 de septiembre inmunizar a 6.780.455 personas, garantizando el abastecimiento suficiente para cubrir el 100% de dosis para la población vacunable.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.
