Dentro de la agenda para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se celebrará la próxima semana en Washington, se encuentran el acceso desigual a las vacunas, la inequidad económica extrema, los precios al alza de los alimentos y las enormes deudas.
Un tema apremiante que no está contemplado en el programa oficial es la controversia en que se ha visto envuelta en las últimas semanas la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y que está poniendo en riesgo su liderazgo.
El mes pasado, una investigación incriminó a Georgieva de haber manipulado datos para hacer parecer que China era un país con condiciones más favorables para los negocios en un informe de 2018, cuando era directora general del Banco Mundial. Georgieva ha negado haber realizado alguna acción indebida.
No obstante, detrás del debate sobre su futuro se esconden preguntas fundamentales acerca de la función cambiante del FMI, el cual ha ayudado a orientar el sistema financiero y económico del mundo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
El FMI, al cual se solía considerar, en sentido estricto, un guardián financiero y el organismo que era el primero en atender a los países con crisis financieras, en fechas más recientes ha ayudado a manejar dos de los riesgos más importantes para la economía mundial: la desigualdad extrema y el cambio climático.
Sin embargo, algunos grupos de interés se han inquietado por el alcance de las ambiciones del fondo y por su intervención en el ámbito de los proyectos sociales y de desarrollo a largo plazo, tradicionalmente atendidos por el Banco Mundial. Además, están en contra de lo que se percibe como un sesgo progresista.
El debate sobre el papel del FMI ya estaba en efervescencia antes del nombramiento de Georgieva, quien este mes comenzó el tercer año de su periodo de cinco años. Pero ella se ha inclinado por ampliar las funciones del organismo. Esta economista búlgara, la primera persona procedente de una economía emergente en dirigir el fondo, reforzó la atención que habían prestado sus predecesores a la desigualdad creciente e hizo del cambio climático una prioridad, por lo que ha exhortado a eliminar todos los subsidios para los combustibles fósiles, poner un impuesto al carbono y realizar inversiones importantes en tecnologías limpias.
Georgieva ha sostenido que a pesar de lo eficiente y lógico que pueda ser el mercado, los gobiernos deben intervenir para corregir fallas intrínsecas que puedan provocar un desastre ambiental y oportunidades sumamente inequitativas. Ahora, el concepto clave es la deuda sustentable y no la austeridad
Cuando la pandemia de coronavirus intensificó de manera despiadada los problemas existentes —desnutrición, atención médica deficiente, pobreza creciente y un mundo interconectado vulnerable al desastre ambiental—, Georgieva instó a que se tomaran medidas.
En 2020, el FMI rechazó la postura severa de algunos acreedores de Wall Street contra Argentina y, en cambio, recalcó la necesidad de proteger a “los más débiles de la sociedad” y perdonar la deuda que supere la capacidad de pago de algún país.
Este año, Georgieva creó un fondo de reserva especial de $us 650.000 millones para ayudar a los países con problemas a financiar su atención médica, comprar vacunas y pagar su deuda durante la pandemia. Esa postura no siempre les ha sentado bien a los conservadores de Washington y Wall Street.
Lo mismo ha sucedido con su defensa a un impuesto corporativo global mínimo como el que aceptaron más de 130 países el viernes.
Nicholas Stern, un economista británico que fungió como economista en jefe y vicepresidente sénior del Banco Mundial, aseguró que esta controversia no podía haber llegado en un peor momento.
“Los próximos años son de vital importancia para la estabilidad futura de la economía mundial y del medioambiente”, escribió en una carta dirigida al consejo del FMI en apoyo a Georgieva. “Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos estado en una época tan decisiva”.
Patricia Cohen es columnista de The New York Times.
