Hace tres años, la Corte Internacional de Justicia rechazó la pretensión boliviana de establecer la existencia de una obligación de negociar un acceso soberano al mar con Chile. Tesis jurídica que emergió como el resultado de más de 100 años de negociaciones, encuentros y promesas de reparación incumplidas por La Moneda y que de acuerdo con la opinión de eminentes juristas internacionales podía convertir a los Estados en fideicomisarios de la paz y desarrollo conjunto (Eyal Benvenesti), facilitar la solución de controversias de larga data (Karel Wellens) e incluso servir como un modelo de paz para la solución de temas complejos como las cuestiones de Gibraltar, Malvinas, Palestina y el Tíbet.
Incluso en 2014, nuestra demanda inspiró a otro Estado —las Islas Marshall— a presentar una demanda contra las ocho potencias nucleares del mundo, demandando la “obligación de negociar” el desarme nuclear basada en el Tratado de No Proliferación. No obstante, ambas demandas fueron rechazadas, sufrieron la apoteósica profecía de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben”, ya que ambas pretensiones osaron tocar la médula espinal que rige las relaciones internacionales: el status quo.
No obstante, este esfuerzo histórico se constituyó en una fuerza centrípeta que logró cohesionar a todos los estratos sociales y políticos de Bolivia en torno a una nueva posibilidad, tal y como desde 1879 varias generaciones lo intentaron. Quizás aún más importante, la actual generación entendió que la cuestión de la “reivindicación” no debe basarse en ningún sentimiento revanchista o patriotero, sino en la incuestionable evidencia científica sobre su impacto negativo en el comercio y desarrollo de nuestro país. Así, Bolivia debe convertirse en el líder y portavoz de los más de 40 países que no poseen acceso al mar y sufren la pérdida de su crecimiento económico (entre 1 y 2 puntos porcentuales por año), la reducción a más de la mitad de su competitividad en el comercio internacional (por los altos costos de fletes, tarifas y servicios portuarios) y que también son privados de su acceso a los recursos naturales del Alta Mar, zona que según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es “Patrimonio Común de la Humanidad”.
Cruzada que asimismo nos permitió reconstruir la memoria histórica de nuestra demanda, establecer una institucionalidad especializada de defensa legal del Estado (inexistente hasta ese entonces) e identificar varios ejes estratégicos para la Nueva Política Marítima boliviana, es decir: el corredor bioceánico, la apertura de nuevas rutas para el comercio boliviano, la creación de un foro multilateral para proteger los derechos de los Estados sin litoral, la aplicación de otros mecanismos de solución de controversias para cumplir el párrafo 176 de la sentencia de 2018 y lograr el cumplimiento efectivo de los derechos del Tratado de 1904, hoy devaluados por La Moneda.
Por supuesto, la derrota del 1 de octubre debe asumirse con humildad e hidalguía y no soslayar que hubo desaciertos, pero al mismo tiempo también con esperanza, sabiendo que esta oportunidad nos permitió abrir un nuevo ciclo para estrategias pragmáticas, creativas y ambiciosas.
Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.
