Cuando la reflexión inicia y termina en un punto en el tiempo, pareciera que todo se acomodara y todo tuviera razón, esto mismo sucede cuando Antonio Saravia reflexiona sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que es fiel a su pensamiento neoliberal de regresar al pasado en busca de un capitalismo con una mínima participación del Estado.
La métrica de la relación entre el presupuesto y el Producto Interno Bruto (PIB) no es adecuada porque el primero es una variable de ingreso “bruto”, y el otro, el ingreso “neto” generado en el proceso de producción (es valor agregado, luego de deducir del valor bruto de producción el consumo intermedio). Pero, más allá de esta relación forzada, el presupuesto consolidado para 2022 es de Bs 235.000 millones (y su equivalente de $us 34.000 millones), que no está lejano del presupuesto de 2021 que fue de $us 33.000 millones, que fue el del gobierno de la restauración neoliberal, ¿el señor Saravia dijo algo?
El Presupuesto General del Estado responde a una visión de desarrollo que tiene la actual administración de gobierno, con una forma específica de desarrollar el país que es la industrialización por sustitución de importaciones, a través de un Estado con mucha presencia en la economía. Si bien en la década de entre los años 40 y 60 del siglo pasado hubo una propuesta de la CEPAL, pero no realizó ninguna propuesta inicial de esta forma de industrialización, sino que Latinoamérica reaccionó ante las políticas del centro que bloquearon sus exportaciones. En ese sentido, la sustitución de importaciones primero fue una práctica antes que una política y, luego, una política antes que una teoría. La ideología industrialista o la teoría que diseñó la CEPAL vino después, en una etapa avanzada. La declinación del modelo tuvo que ver, antes que por un agotamiento, por una falta de ideología (o teoría) industrializante de las élites.
Lo que se busca ahora es industrializar el país y esto es una práctica ante los desequilibrios estructurales que tiene no solo el país, sino el conjunto de Latinoamérica. Desde la República nuestra nación fue primaria- exportadora, se dieron avances en la industrialización en la década de los 60 y avances significativos en el periodo de 2006 a 2014, lo que permite, ahora, fortalecer una visión de país desarrollado.
Con relación al PGE 2022, los ingresos están conformados por los ingresos corrientes, que tienen una participación del 58,7% (en 2021 fue 53%); los ingresos de capital, con 0,6% (en 2021 fue 0,7%), y fuentes financieras, con 40,7% (en 2021 fue 46,2%). Como síntesis, indicamos que en 2022 los ingresos corrientes tienen una menor participación y las fuentes financieras una mayor y, por lo tanto, el financiamiento externo es de 15,6% (en 2021 fue 30%). Es decir, el presupuesto del gobierno de Áñez tuvo un financiamiento externo mayor.
Por el lado del gasto, tenemos que los gastos corrientes son el 57,4% (en 2021 fue 56,8%); los gastos de capital representan el 16,6% (en 2021 fue 13,2%), y uso de fondos es el 26% (en 2021 fue 30%). Como síntesis, tenemos el mismo gasto, pero con una inversión pública mayor, que tiene mucha relación con la visión de desarrollo mencionado anteriormente.
Es importante analizar y hacer una síntesis de la inversión pública, que es uno de los elementos centrales del modelo. La inversión pública para 2022 tiene presupuestados $us 5.015 millones (en 2021 fue de $us 4.011 millones); de ese total, el 42% se destina al sector productivo —donde se encuentran las empresas públicas—; el 30% al sector de infraestructura; el 17% al sector social, y el 10% al multisectorial. Y no es como dice Saravia, que la totalidad de la inversión pública se destina a las 70 empresas públicas. Es una falacia. Pero, más allá de esta constatación, la cualidad de la inversión pública es que ahora la mayor parte está destinada al sector productivo, lo que implica un mayor impulso hacia la producción y ya no al acompañamiento de la producción, como es la construcción de infraestructura.
Es importante indicar que esa relación entre presupuesto y PIB, que alcanza el 94%, no significa, de ninguna manera, que el PIB medido por actividad económica esté siendo absorbido en su totalidad por el sector público, lo que está confundiendo a economistas que interpretan que se estaría dejando escaso margen de acción a la empresa privada.
Efraín Huanca Quisbert es economista.
