El Presupuesto General del Estado 2022 (PGE) está orientado hacia los retos pospandemia de todas las economías del mundo: la reconstrucción económica y el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso. En efecto, la pandemia COVID-19 ha contraído las economías y ha profundizado los problemas de desigualdad y pobreza en el mundo.
El modelo económico boliviano se adelantó a la crisis actual porque, desde hace más de una década, se ha propuesto el crecimiento económico con justicia social. Asimismo, el modelo reconoce la necesidad de la redistribución de los excedentes generados por la explotación de materias primas enfocados a la industrialización para el crecimiento sostenible. Simultáneamente, para corregir la injusticia social, busca la redistribución de excedentes enfocados a la atención de la población vulnerable e históricamente marginada. Este modelo procuró un proceso inédito de más de una década de crecimiento económico con reducción de la pobreza y desigualdad en Bolivia.
De hecho, las distintas dimensiones del modelo económico boliviano se discuten en la actualidad entre los principales economistas del mundo. Por ejemplo, el economista francés Piketty que, habiendo estudiado los determinantes históricos de la desigualdad, propone un nuevo modelo económico con justicia social. Sin embargo, es de lamentar que existen economistas en Bolivia como Gonzalo Chávez que no han terminado de entender la novedad del modelo boliviano. Su novedad es que ha roto el circuito de fuga de excedentes hacia el capital transnacional que caracterizaba al modelo neoliberal primario-exportador.
El PGE es resultado del modelo económico boliviano, y busca retomar la senda del crecimiento sostenible con justicia social. Además, ante la crisis del mercado mundial como factor de estabilidad que ocasionó la pandemia, el PGE propone una nueva dimensión al modelo: “la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”. La ISI busca atender al mercado interno para dinamizar la demanda efectiva, el empleo y la producción mediante el cambio estructural. En ese sentido, el PGE prevé $us 5.015 millones para inversión pública; 42,5% para el sector productivo y 29,9% para infraestructura. Entre estos proyectos se encuentran, por ejemplo, la implementación de las industrias farmacéuticas y de química básica, y las plantas de biodiésel. Asimismo, esta inversión pública alienta a la inversión e iniciativa privadas creando un círculo virtuoso de crecimiento, efecto que los economistas denominan crowding in.
La dimensión social es, quizá, la de mayor relevancia del PGE en el contexto de pospandemia. Los bienes comunes representan una cuarta parte del presupuesto total, y salud y educación representan el 80% de estos recursos; esta participación garantiza la igualdad de oportunidades para toda la población. Además, para sostener y profundizar la redistribución de ingresos, el PGE garantiza Bs 6.739 millones para el pago de los bonos a la población más vulnerable e históricamente marginada. Asimismo, el PGE garantiza la subvención de servicios básicos, alimentos e hidrocarburos, velando el acceso de las familias bolivianas a estos bienes de primera necesidad.
Por tanto, el PGE busca el crecimiento económico con justicia social, enmarcado en el modelo económico boliviano que, en el contexto de pospandemia, se ha vuelto en un paradigma adelantado a la crisis mundial y los debates actuales.
Ariel Ibáñez Choque es economista.
