Desde este sábado 1 de enero, las personas que quieran acceder a establecimientos de distinto tipo, o tengan que realizar viajes interdepartamentales, deben portar su carnet de vacunación contra el COVID-19 o, en su defecto, una prueba PCR negativa. Es una medida drástica decidida por el gobierno de Arce mediante decreto supremo con el fin declarado de precautelar la salud y la vida.
Desde fines de enero de este año, Bolivia emprendió la vacunación masiva contra el coronavirus. El personal de salud inició el proceso, que luego se fue ampliando por rangos de edad, hasta abarcar a toda la población mayor de edad. Después se habilitó la vacunación a menores de 12 a 17, y actualmente se pueden vacunar las y los niños desde los 5 años de edad. Al mismo tiempo, además de las dos dosis previstas (o la unidosis en algunos casos), se habilitó la dosis de refuerzo. Es un gran esfuerzo.
En un contexto global en el que unas pocas empresas farmacéuticas controlan la producción y venta de vacunas contra el COVID-19, cuya distribución muestra enormes inequidades entre países, el acceso a las vacunas fue el primer desafío que asumió el Gobierno. También fue importante la movilización en el territorio para la vacunación, bajo responsabilidad del ministerio del sector y las secretarías departamentales de salud con diferentes apoyos. Claro que la centralidad la tuvo la población.
Pese a 11 meses de esfuerzo estatal y colectivo, la cobertura de la vacunación en el país aún es baja. Según información oficial, pronto se superarán las 10 millones de dosis administradas, pero las personas completamente vacunadas apenas llegan al 40%. Influyen en ello limitaciones en el plan de vacunación, débil estrategia informativa y de motivación, grupos y corrientes antivacunas, entre otros factores. En ese contexto se explica la apuesta gubernamental por el carnet de vacunación.
Así pues, a fin de fortalecer la cobertura de vacunación y precautelar la salud y la vida de la población, el Decreto Supremo 4060 estableció que las instituciones públicas, financieras, religiosas, comerciales, de entretenimiento, educativas y de transporte interdepartamental deben solicitar el carnet de vacunación contra el COVID-19. Quienes no lo tengan, deben presentar una prueba PCR negativa emitida hasta 48 horas antes. Los servidores públicos deben registrar el carnet o entregar una prueba PCR semanal.
Es evidente que la vacunación es un derecho y no puede imponerse por decreto. Pero es cierto también que quienes, por diversos motivos, no quieren o todavía no han podido vacunarse deben asumir un sentido de responsabilidad colectiva con la salud y la bioseguridad de todos. Por ello es importante la exigencia del carnet de vacunación como documento oficial. Se espera, por supuesto, que las autoridades estén en primera línea, como el vicepresidente Choquehuanca, quien seguramente pronto exhibirá su carnet.
