Hay varias preguntas que uno se hace, ¿el Estado Plurinacional ha apostado tanto por el cuidado de sus ciudadanos en tiempos del COVID-19? Desde un punto de vista lógico es plausible esta acción. Sin embargo, hay un tema poco tratado a profundidad, en algunos casos hasta folklorizado, es la otra medicina, más conocida en nuestro medio como la medicina tradicional o ancestral. La Constitución, en su artículo 35, parágrafo II, dice: “El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, lo cual quiere decir que la medicina occidental y la medicina de los pueblos ancestrales son iguales, no pueden estar superpuestos. Sin embargo, el combate contra el COVID-19 nos ha permitido conocer y profundizar las diferencias en su tratamiento: el privilegio paulatino de las políticas de salud solo con lo occidental.
Lamentablemente, está la obligatoriedad implícita del Decreto 4641 que exige al ciudadano portar el carnet de vacunación. Varios funcionarios del gobierno de Luis Arce han tratado de explicar esta especie de filosofía del sofismo, es decir, no es pero sí es, paralelamente. Aunque se haya postergado su presentación, el momento en que pides el carnet de vacunación estás obligando al ciudadano a que se vacune con las dosis que aún no garantizan la inmunización; pero lo más grave, solo es permitido mediante la medicina occidental. No se han contemplado personas que se han tratado con la medicina tradicional y han superado o continúan cuidándose con esta otra medicina. ¿Cómo certificamos a las personas que se han tratado con la medicina tradicional? ¿Quién certifica esta práctica ancestral reconocida en nuestra Constitución? Tenemos un Viceministerio de Medicina Tradicional que no cumple con su función específica de promocionar la medicina de los pueblos ancestrales, a la par de la medicina occidental.
Pedir que el que no quiera vacunarse presente una prueba de PCR negativa, que tiene una validez de 48 horas, es como decir “si no te vacunas paga la prueba PCR”. ¿En beneficio de quién? Está claro, de la empresa privada de salud y sus laboratorios que aún hacen su agosto en tiempos del COVID-19. Tal vez lo más sensato era hacer una declaración jurada de buena fe de que una persona está bien, no importa por qué vía se haya tratado, pero que está bien de salud. ¡Quién sabe mejor que uno está bien es la propia persona! Hoy, lamentablemente, hay una especie de paranoia de sospecha, como decir “tal vez está infectado con el COVID” a cualquier enfermedad.
Es propicio para que los municipios del país implanten políticas de salud con la medicina ancestral. Como la siembra y el uso de la medicina tradicional, además de productos naturales que definitivamente son los que coadyuvan a una buena alimentación y, por lo tanto, a mejores defensas naturales.
Creo que es posible salvar este error garrafal mediante un sistema de declaración jurada de que está bien la persona y así se otorgue el carnet de salud. Pero si hay ciudadanos que mienten, tendrán que asumir sus errores y enfrentar la situación legal correspondiente, incluso con la no atención en centro de salud.
La deuda del Estado Plurinacional es cómo hacer paridad en salud, es decir, entre la medicina occidental y la ancestral, reconocidas plenamente, y no estén subordinadas una a la otra, lo cual supone que el Estado tenga políticas para fortalecer la medicina tradicional, organizadas y no con simples charlatanes o p’ajpakus que han ahondado en estos últimos años.
Jiwasanakasan qullanakasa janiw yaqatakiti, anqa qullawinakakiw wali ch’amanchataski ¿ janicha ukhamaxa?
Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.
