De acuerdo con la literatura económica, el presupuesto público de un Estado se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal, para su intervención en la economía, en la planificación del desarrollo económico y social, asignación eficiente de los recursos para la provisión de bienes y servicios públicos, distribución de la riqueza para garantizar ciertos niveles de equidad, entre otros, orientados a buscar el crecimiento y sostenibilidad macroeconómica de un país, dependiendo del modelo económico que lleve adelante, es decir: con una participación reducida (solamente regulador y administrador) o con mayor presencia del Estado en la economía (ejecución de las políticas públicas), buscando disminuir la desigualdad y pobreza como es el caso boliviano.
En Bolivia, la base para la formulación del presupuesto público es el modelo económico social comunitario productivo, en el cual la participación del Estado en la economía es central para encarar nuevos desafíos de las políticas públicas. Para 2022, recientemente fue aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, mediante la Ley 1413, de 17 de diciembre de 2021, que contempla la ejecución de programas y proyectos, debido a que dependen de ello el éxito del desempeño económico de nuestro país.
Nuestra Constitución Política establece que “la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto”, en este sentido, en el PGE se contempla a todas las entidades del sector público que, para 2022, formularon 580 entidades, entre las cuales se encuentran las empresas, gobernaciones, municipios, universidades y entidades de seguridad social. Por tanto, no solamente es un presupuesto del nivel central, más al contrario, es la composición del presupuesto de recursos y gastos elaborados por todas las entidades del sector público.
El presupuesto 2022 busca encarar nuevos desafíos en beneficio de los bolivianos, entre los aspectos más importantes están:
1) Continuar con la reconstrucción de la economía, estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, para lo cual prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1%, con la ejecución de las políticas públicas previstas en el PGE.
2) Transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, destinando mayor inversión pública para 2022, que alcanza a $us 5.015 millones, 25% más en relación a 2021, asignando al sector productivo 42,5%, infraestructura 29,9% y social 17,2%, principalmente, lo cual permitirá impulsar la demanda interna y el crecimiento económico. Claramente se demuestra que la política pública está orientada al fortalecimiento de la matriz productiva con la sustitución de importaciones e industrialización, cuyos resultados se verán en los siguientes años.
3) Garantizar la prestación de los servicios fundamentales como la salud, educación, vivienda, servicios básicos, entre otros, en beneficio de todos los bolivianos. En el PGE se asigna 10% del presupuesto a salud y 10,8% para educación.
4) Precautela la sostenibilidad de las finanzas públicas con la reducción del déficit fiscal a 8% del PIB, menor al programado en 2021 de 9,7%, lo cual muestra claramente una política de racionalidad del gasto y optimización de los recursos del Estado.
Con estos elementos, queda claro que el presupuesto es central para la ejecución de las políticas públicas, asignando mayores recursos a la inversión pública para fortalecer el aparato productivo, desarrollar la infraestructura, garantizar la soberanía energética y alimentaria; además de la ejecución de las políticas sociales redistributivas en beneficio de la población desprotegida y más vulnerable, a través de las transferencias condicionadas (bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, Renta Dignidad, Subsidio Universal Prenatal por la Vida, Bono de Discapacitados), la subvención a los hidrocarburos, alimentos, servicios básicos (Tarifa Dignidad) y otros programas de interés social, que coadyuvan al bienestar de la economía nacional, generación de mayores fuentes de empleo y reducción de la pobreza.
Zenón Mamani Ticona es economista.
