El presupuesto público es un instrumento de política fiscal que refleja los ingresos y gastos del Estado estimados para el ejercicio fiscal y determina la asignación de recursos para la ejecución de las políticas públicas, así como para el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) y Planes de Desarrollo.
El presupuesto público consolida los presupuestos institucionales en los que las entidades públicas reflejan su planificación y programación de ingresos y gastos, la priorización de objetivos y metas coordinados de los diferentes requerimientos manifestados al momento de su elaboración del POA.
Considerando los principios del presupuesto (equilibrio, claridad, transparencia, continuidad y flexibilidad entre otros), a objeto de coadyuvar con la gestión de las entidades territoriales autónomas y el ejercicio pleno de su autonomía, el Gobierno Central viene flexibilizando la normativa para dichas entidades, misma que se encuentra inmersa en la Ley del Presupuesto General del Estado de cada gestión fiscal.
Es así que diferentes procedimientos como el registro de los recursos de saldos de caja y bancos, que a diferencia de las entidades públicas del nivel central debe ser aprobado por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las ETA pueden realizar dicho registro directamente con sus propias normas, agilizando de esta manera la asignación a sus diferentes proyectos y actividades.
También podemos mencionar, entre otros registros, que para el resto de las entidades del sector público requieren ser aprobados por la ALP, el incremento de recursos para consultorías, personal (en el caso de los municipios), transferencias público privadas; facilitando sobremanera el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Asimismo, la normativa facilita también a la administración interna en las modificaciones de proyectos de inversión de continuidad, toda vez que es la Máxima Autoridad Ejecutiva la que puede aprobar dichas modificaciones siempre y cuando se encuentren previamente aprobadas por los órganos deliberativos.
El apoyo del Nivel Central es arduo, necesario e importante, la coordinación puede llegar a ser compleja pero no limitativa, el trabajo tiene que ser conjunto, por lo que las flexibilizaciones normativas se basan en circunstancias reales y actuales tratando de evitar la burocracia y coadyuvando a la administración pública, haciéndola más eficiente y práctica, priorizando sectores importantes y vulnerables.
Lucy Philco Lima es economista.
