Dentro de las prioridades que tiene el Gobierno nacional se encuentra la realización, en la gestión 2022, del Censo Nacional de Población y Vivienda, conforme al Decreto Supremo 4546 de 21 de julio de 2021.
Si hay algo que nos ha caracterizado en la historia de los censos en nuestro país, hasta la gestión 2001, es el completo desinterés que hubo en cumplir con la periodicidad recomendada por los organismos internacionales (10 años); sin embargo, el Gobierno central en la presente gestión hará el esfuerzo tanto logístico como económico para cumplir con este criterio.
En estos días surgió la propuesta de proyecto de ley para “crear los denominados Institutos Departamentales de Estadísticas (IDE)”, por el senador por Tarija Rodrigo Paz, planteamiento contradictorio con lo establecido en el Numeral 16, Parágrafo I, Artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 1405 de 01 de noviembre de 2021 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, que determinan como competencia privativa del nivel central del Estado a los censos oficiales y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) es la única entidad encargada de llevar a cabo dicho proceso en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Asimismo, con la mencionada propuesta de ley, el senador plantea que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) serán las encargadas de generar y entregar la información a los IDE y tendrá carácter vinculante para el INE en el Censo Nacional, sin considerar cuáles serían los costos adicionales (tanto en recursos humanos como económicos) que conlleva implementar dichos IDE en las ETA.
Para conocimiento general, el último censo realizado (2012) tuvo un costo de 55 millones de dólares financiados por un préstamo con el Banco Mundial, entidad que también financiará el recuento en noviembre de esta gestión, además de que, en el marco de la austeridad planteada por el Gobierno central, se están evaluando los recursos logísticos con los que se cuenta como Estado, con el fin de aminorar el costo que representa la realización del Censo de Población y Vivienda 2022.
Es importante señalar que el censo tiene la finalidad fundamental de proporcionar al Gobierno central datos para adoptar decisiones políticas, de planificación y administración, aspectos indispensables para describir y evaluar las circunstancias económicas, sociales y demográficas de la población; asimismo, desempeñan una importante función en la administración pública, ya que sus resultados se utilizan como referente para garantizar la equidad de la distribución de las riquezas, entre otros.
Ronald Prieto Rivero es economista.
