Nunca antes la derecha boliviana había sido tan escuálida en ideas y en formulaciones programáticas para el país desde el regreso a la democracia en 1982. Basta recordar que fue precisamente el banzerismo el que introdujo al economista de Harvard Jeffrey Sachs en Bolivia para escribir y desplegar el 21060, decreto con el que funcionaría la economía boliviana durante dos décadas y que contó con ejecutantes que sabían hacer su trabajo en función de sus intereses de clase: el propio Banzer, Paz Estenssoro, Sánchez Lozada e incluso Paz Zamora, que terminó absorbido por el neoliberalismo luego de sus años de militancia en la izquierda con influencia social demócrata europea.
Desde el día en que Evo Morales ganó por primera vez la presidencia, quedó sellado el colapso de un sistema de partidos que quedó agotado, producto de las nunca satisfechas demandas ciudadanas durante esos 20 años de políticas económicas en los que mandaba el mercado, la fuga de capitales y el achicamiento del Estado. Durante todo ese tiempo las organizaciones sociales resistieron despidos masivos, gasolinazos y otras medidas de “ajuste estructural” hasta que tradujeron sus largas luchas en una participación electoral que situó por primera vez en la historia a un dirigente sindical en el gobierno. No lo había podido lograr Juan Lechín en los 60, y grandes dirigentes de formación socialista y comunista habían sido expulsados del firmamento político boliviano con encarcelamientos (Irineo Pimentel, Federico Escóbar de la Federación de Mineros) y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980.
Cuando en Bolivia mandaba la derecha en el poder tutelada desde el norte imperial, combinando esfuerzos e ideas con un nacionalismo revolucionario culipandero como el que manejaron a su antojo según conveniencias de coyuntura, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, una Bolivia paralela siguió soportando políticas represivas de acallamiento, suavizadas con el retorno a la democracia si se las compara con la policía secreta y los campos de concentración de Claudio San Román durante el periodo revolucionario del 52, y las prácticas represivas de terrorismo de Estado a cargo de las dictaduras militares.
Una larga e incansable lucha de resistencia durante el republicanismo neocolonial se desarrollaba en esa Bolivia paralela a la que se le prestaba una atención secundaria en las esferas informativas oficiales de las ciudades hasta que se instaló una nueva configuración de las prácticas políticas y del ejercicio del poder con un instrumento que hoy día no puede pensar su funcionamiento sin la interpelación, los reclamos y los pedidos de ajuste de sus organizaciones colectivas expresadas en primer lugar en el Pacto de Unidad que hace un par de semanas se sentó en una reunión con el Presidente y el Vicepresidente del Estado para hacerle conocer sus criterios con respecto al equipo de ministros con el que el Gobierno funciona desde hace casi 15 meses.
No conocemos otro país en que los colectivos organizados de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y una significativa diversidad gremial tiene hoy la posibilidad de pedirle cuentas al poder político de manera directa, de demandar espacios de decisión, naturalmente con resultados desiguales entre la eficiencia de éxito y la burocratización que puede conducir a la corrupción, pero que se ha convertido en la estructura participativa de un Estado que ha recuperado su tamaño e incidencia en la vida del país y que tiene enfrente a esa derecha que, obsesionada con la desaparición del MAS, ha logrado vaciarse completamente de contenidos propios, privándonos de un juego político en el que la alternativa sea parte fundamental del debate y no esa postura reactiva que está exclusivamente dedicada a referirse a lo que pasa o deja de pasar en la estructura masista.
Cuando se produjo el triunfo de Arce-Choquehuanca el 18 de octubre de 2020, me apresuré a predecir un regreso a la democracia de pactos, a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Me equivoqué de cabo a rabo porque ninguna de las dos formaciones opositoras con presencia parlamentaria tienen perfil para convertirse en verdaderas fuerzas con discurso alternativo al nacional popular que sostiene el MAS desde su llegada al poder que ya se acerca a las dos décadas de vigencia con la breve y devastadora interrupción del golpe de Estado de 2019.
El llamado modelo cruceño debería ser una referencia central para construir un discurso alternativo al MAS, pero la coyuntura lo tiene prisionero en una guerra interna de acusaciones y contraacusaciones donde campea la corrupción institucional como nunca antes había sucedido. Mientras Santa Cruz no supere el resquebrajamiento de su gobernación y su principal municipio atestados de corruptos con distintas especialidades se hace difícil establecer una interlocución que permita instalar una mesa plural acerca del destino del país.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
