La Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 10 de noviembre de 1975, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, y llamó a su erradicación, entendiéndolo como una forma de discriminación racial. En junio de 2020, el informe de la ONG israelí Yesh Atid (Hay Justicia) se tituló La ocupación israelí de Cisjordania y el crimen del apartheid: una perspectiva jurídica. En enero de 2021 el Centro Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B’Tselem, llamó a Israel un “Estado de Apartheid”. En abril de 2021 La Organización Human Rights Watch dijo que las autoridades israelíes están cometiendo dos crímenes de lesa humanidad: el apartheid y la persecución; en los mismos términos hubo un llamamiento, emitido por el periódico francés Liberación el 27 de julio de 2021, firmado por mil artistas, intelectuales y académicos de 45 países.
La organización Amnistía Internacional es una organización no gubernamental fundada en Londres en el año 1961, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1977 y con el Premio de las Naciones Unidas en 1978. Amnistía Internacional había condenado previamente las políticas de Israel en la Cisjordania ocupada y lo acusó de cometer crímenes de guerra durante su agresión en 2014 a la Franja de Gaza. En una rueda de prensa ofrecida el pasado 1 de febrero de 2022 y celebrada en Jerusalén, dicha organización presento un largo informe acusando a Israel de ser un estado de “apartheid”, lo que enfureció al Gobierno israelí, que acusó a la organización de “antisemitismo”.
El informe de Amnistía Internacional pidió a la Corte Penal Internacional que considere el crimen del apartheid en el contexto de sus investigaciones actuales en los territorios palestinos ocupados y llamó a todos los Estados a ejercer la jurisdicción universal y llevar ante la justicia a los perpetradores de los crímenes del apartheid. Dicho informe revela el alcance real del régimen del apartheid en Israel, independientemente de que los palestinos vivan en Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania o el mismo Israel, son tratados como un grupo étnico inferior y se les niegan sistemáticamente sus derechos.
A pesar de los numerosos informes de las organizaciones internacionales que han documentado profesional y legalmente la ocupación, los asentamientos coloniales y el régimen de apartheid israelí, las autoridades de ocupación continúan cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo, su tierra, sus propiedades y lugares sagrados, están profundizando y ampliando los asentamientos, las avanzadillas aleatorias y su renovación ignorando todos estos informes, sus recomendaciones y las consecuencias de sus riesgos en la región.
Esta persistencia israelí en la colonización y la profundización del régimen del apartheid en la Palestina ocupada va acompañada de declaraciones oficiales israelíes hostiles a la paz y de rechazo a la solución de dos Estados, así como a cualquier proceso político con la parte palestina, tal como han afirmado el Primer Ministro de la ocupación, y su Canciller en más de una ocasión. El Gobierno israelí revela la esencia de su política y su opción estratégica basada en la continuación de la ocupación, los asentamientos y el sistema de “apartheid” como alternativa a la solución de dos Estados, que Israel está implementando sobre el terreno por la fuerza y de manera unilateral, ya que está negociando consigo mismo para decidir la forma de la solución final del conflicto de manera que sirva a sus intereses.
Hay que asombrarse ante las posiciones de algunos países que anunciaron su rechazo al informe de Amnistía Internacional sobre la perpetuación de los crímenes de apartheid por parte de Israel, la potencia ocupante, contra nuestro pueblo palestino; sorprende la elección de esos países para continuar defendiendo a Israel, independientemente de los crímenes que haya cometido, a pesar de las pruebas, información y testimonios irrefutables documentados en los informes, les brinda protección absoluta contra la rendición de cuentas por cualquier delito que cometan o violaciones del derecho internacional.
Las posiciones de esos países suponen un acto discriminatorio para proteger a Israel y encubrir sus crímenes, sabiendo que debería ser tratado como cualquier otro país y no alentarlo a permanecer por encima de la ley y fuera de los círculos de rendición de cuentas.
Los ataques de Israel y sus aliados al informe de Amnistía Internacional aumentan su credibilidad.
Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.
