“No me hables de grandes principios. Háblame de vidas ejemplares. Así creeré en los grandes principios”, escribía hace muy poco el profesor Remiro Brótons en sus redes sociales. Palabras que explican perfectamente el origen de la desilusión generalizada en la que vive el mundo, es decir: la insalvable distancia entre lo que se predica y lo que se hace. Así el material feble del que está hecho el carácter y la conducta de quienes —más por fortuna que virtud— ocupan sitiales de liderazgo en nuestra sociedad, quebranta la buena fe que ponemos en ellos. Desafortunadamente, esa desilusión lleva al escepticismo sobre los sistemas de principios (ya sean políticos, religiosos o sociales) y en breve ello se convierte en el cinismo descarado del “todo vale”. Es en ese momento donde nuestras sociedades confunden la virtud con el vicio, y el vicio se entrona como virtud social. Lamentablemente, la crisis del sistema judicial boliviano devela esta decadencia en su más grotesca expresión.
Así, una amistad, 3.500 dólares y un whisky son la fórmula de ganga para transformar a un juez (del latín “iudex” o “aquel que habla lo justo”) en un alquimista capaz de convertir el plomo en oro. Así, el prevaricato del ahora exjuez Rafael Alcón pudo convertir a un violador y asesino serial confeso y condenado en un pobre enfermo terminal que merecía libertad para morir con dignidad en su lecho. Lo cierto es que una vez libre volvió a ese lecho, pero para usarlo como un altar de sacrificio de un número aún desconocido de víctimas. Es así como el juzgador desató las manos del asesino para que su pulsión sexual incontrolable acabe con más vidas, y a su vez, este último le llenó los bolsillos para complacer su fetiche por el dinero. Si se los mira de cerca, son uno y el mismo, el juez se vuelve asesino, y el asesino un juez.
Lo cierto es que esta revelación es tan solo la punta de un iceberg de corrupción que carcome el sistema judicial desde sus entrañas y que no requiere una “reforma” sino la demolición total de la viejas estructuras señoriales y prácticas coloniales que “sus ilustres probidades” reproducen a diario en el mini-reinado en que se han convertido los foros judiciales. Lo curioso es que esos mismos jueces que se adornan de diplomas académicos y se vanaglorian de su actividad docente con una arrogancia propia de un mini “Luis XIV” (“La ley soy yo” dirían); reciben sin rubor alguno dadivas corruptas a cambio de decisiones que definen la libertad, los bienes y los derechos de miles de ciudadanos(as). Así, muchos abogados ya no se preparan para entregar el mejor argumento legal sino para ofrecer la mejor red de nexos con esas “ilustradas señorías”. A su vez, el público litigante —que ya no cree en una Justicia imparcial— se termina de convencer de que lo único posible es comprar el derecho que mejor le beneficie a cualquier costo. De esta manera, jueces, abogados y litigantes se vuelven en una bestia tricéfala de corrupción a cuyo apetito voraz quedan libradas las grandes mayorías.
No obstante, quienes diariamente enfrentamos el sistema judicial a plan de firmas y a lomo de memoriales sabemos que esa podredumbre trasmina el trabajo honesto de esos pocos jueces que viven con actos diáfanos el apostolado que eligieron: servir a la sociedad a través del imperio del derecho y la virtud de la Justicia. Es justamente en esas “minorías creativas” donde aún reside la reserva moral del sistema judicial boliviano y al que debe mirar toda iniciativa de cambio duradero.
Así, el historiador Toynbee señaló que los grandes cambios sociales no se producen gracias a las mayorías sino por el liderazgo genuino de esas minorías que tienen un poder creativo para dar un giro a la historia, y cuyo ejemplo luego es seguido por las mayorías. Por ello, lo cualitativo modifica lo cuantitativo y no al revés.
¿A dónde nos lleva todo esto? Sin duda alguna, hacia cada uno de nosotros(as). Recordemos que esta crisis estructural de principios no es más que la expresión de la sumatoria de nuestros actos personales, y, por lo mismo, el gran cambio es individual. Por ello, nos será imposible construir una sociedad de oro si seguimos siendo ciudadanos de plomo.
Franz Zubieta Mariscal es abogado especialista en Derecho Internacional.
