Llevamos cerca de un mes con el tema y el problema de la elección o no de la Defensora/or del Pueblo, que es una institución que, en su desarrollo histórico, podemos ver que se inscribe en la creación de las relaciones de poder, las consecuencias de éstas y la necesidad de tener un instrumento institucionalizado de control del ejercicio del poder público y administrativo. Bien antigua es esta preocupación, que claro, no es la misma dependiendo de dónde viene. Es diferente cuando es el Gobierno que se preocupa de “gobernar bien, legitimar su gobierno” o cuando son las y los “gobernados” que se protegen de los abusos del poder que gobierna.
Esta es una preocupación bien antigua, por ejemplo en nuestros territorios de Abya Yala en el gobierno inca, la figura de control del inca era el trucuyricuy (el que todo lo ve), la preocupación por saber, controlar y vigilar el funcionamiento de una especie de consejo del gobierno inca y de los funcionarios a lo largo del Tawantinsuyu. Tenemos estos datos en general. Cuando se dio la invasión de los españoles, ante los terribles abusos cometidos contra nuestros ancestros y ancestras, el fraile Bartolomé de las Casas consiguió lo que se denomina “protector de los indios”. Pero también en el llamado Derecho de las Indias se creó una institución denominada “Veedor del Rey”, quien ejercía las funciones de comunicar al monarca los reclamos o las injusticias cometidas por los virreyes. Obvio, todos estos instrumentos creados por el poder nunca garantizaron la paz y la tranquilidad del pueblo.
Esto para recordar que la institución de la Defensoría del Pueblo no es neutra, es el resultado de las relaciones de poder y la organización del pueblo boliviano en las luchas por lo que hoy llamamos el horizonte del “vivir bien”. En Bolivia, el poder hoy no está en los grupos minoritarios que desde hace más de 500 años han oprimido, discriminado y explotado a los pueblos en nuestro territorio llamado Bolivia. Con muchas luchas, la fuerza de la reconstitución de la armonía y la reciprocidad está en los pueblos de tierras altas y de tierras bajas.
No quiero azuzar contra lo que me parece una negociación errada; otros llaman traición, me refiero al hecho de haber retirado el veto ético para los y las postulantes que participaron del golpe de 2019. Entiendo la fragilidad del momento actual, donde internamente están energías que quieren destruir el proceso y desde afuera ni que se diga. Sin embargo, quiero decir que es una concesión muy peligrosa, que atenta a la memoria del pueblo y a la justicia por crímenes de lesa humanidad.
Hoy radica en la organización social, la formación política y el control social revertir este golpe a la memoria y dolor del pueblo. Tenemos que tener una o un Defensor del Pueblo que defienda al pueblo y no alguien que defienda acuerdos políticos por mantener el poder a costa del pueblo. ¡ Jallalla proceso de cambios revolucionarios!.
Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria.
