Santiago Mamani ha resultado ser la persona que ante la gran mayoría de la opinión pública representa la intervención que se le hizo a la estatua de Colón el 2 de agosto de 2021, en la ciudad de La Paz. En realidad, detrás de él, se encuentra un complejo colectivo de jóvenes bolivianos que planificaron y ejecutaron dicha intervención con varios objetivos. El resultado concreto fue una intentona de discusión pública el año pasado en torno al hecho simbólico, cultural y patrimonial y que recobra actualidad hoy desde otra mirada que no se desvincula de la discusión primera, sino que más bien empieza a involucrar a la institucionalidad estatal plurinacional.
En 2021, cuando el hecho fue juzgado por la opinión pública y publicada, se ridiculizó desde la pluma del lluchu de Samka hasta el nivel de “ignorancia y ociosidad” de los supuestos vándalos que le reventaron la nariz a Colón. Él cuenta —en una entrevista con María Galindo— que esa pluma se la regalaron unos niños guaraníes luego de que con ella llamaron a la lluvia cuando él cumplía labores como bombero voluntario en el oriente del país. También en esa entrevista, siete jóvenes del colectivo (tres mujeres y cuatro hombres) cuentan a lo que se dedican: comercio, metalmecánica, albañilería, danza, contabilidad, mientras simultáneamente estudian sociología, arquitectura y antropología, en universidades públicas de La Paz. Cuando se les pregunta sobre sus autoidentificaciones culturales, también hay de todo: collas, indios, cholas o aymara descendientes. Y finalmente, cuando se les pregunta sobre qué pondrían en vez de la magullada estatua de Colón, también salen las variadas respuestas, en clave de anhelo: a Bartolina Sisa, la estructura molecular del agua, una chola, una chakana con vagina, un árbol en medio de la selva de cemento o un monumento a la fauna ya perdida. Cuando concluye la entrevista, es una voz femenina la que dice que es importante hablar desde lo colectivo que todos y todas ellas componen y que por eso no creen en caudillos, mientras nombra al expresidente Morales.
A seis integrantes de ese grupo de jóvenes se les detuvo en 2021 por el hecho y en febrero se conoció que, por acción de la Alcaldía de La Paz, se logró imputar formalmente a cuatro de ellos (dos mujeres y dos varones) por “destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional”; la nota oficial de la Alcaldía señala que además se solicitó la aplicación de medidas cautelares debido a que los acusados no acreditan residencia fija ni trabajo permanente. Esta semana el tema ha vuelto a la palestra pública cuando la defensa de Samka (e incluso él mismo) ha señalado que su caso debe resolverse en el ámbito de la justicia indígena originaria porque éste es un Estado Plurinacional, se ha mostrado rebelde a la justicia ordinaria y ha retado al Alcalde a encarcelarlo. Ante esta afrenta, en una respuesta facilona, el Alcalde ha establecido que quien lo reta es presa de su odio, racismo e ignorancia.
Hasta acá, el único objetivo de esta columna ha sido el de mostrar la complejidad cultural, generacional, identitaria, política e institucional de todo lo que se pone sobre la mesa con este caso respecto a la anquilosada reacción procedimental, leguleya, administrativa y prejuiciosa con la que el Estado, desde el municipio, lo afrenta. Ante este escenario, riquísimo en detalles, debates y mundos, y a reserva de la simpatía que se pueda guardar (o no) con el Vicepresidente y sus dichos, ¿le hace algo más de sentido ahora la idea de “cuidar a esa(s) wawa(s)”?
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.
