La desigualdad y la pobreza son dos caras de la misma moneda, se trata de problemas que frenan el desarrollo económico, está demostrado que países con altos niveles de desigualdad crecen menos que sociedades más equitativas, y en consecuencia, tienen más dificultades para desarrollar políticas públicas efectivas de reducción de la pobreza.
La historia de los países tiene raíces profundas sobre la desigualdad y es el resultado de factores culturales, sociales y políticos que interactúan con mecanismos económicos. Desde una perspectiva económica, tiene que ver con la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades, aspecto que implica el bienestar de pocos, a costa de la gran mayoría de la población.
La pobreza está definida como un escenario donde las personas en situación de carencia no son capaces de lograr niveles de bienestar mínimos según criterios estandarizados, siendo el más estricto el alimentario. Uno de los criterios para la medición de la pobreza consiste en establecer si los hogares pueden o no satisfacer sus necesidades, por medio de la compra de bienes y servicios a partir de sus ingresos.
En el caso boliviano, la Constitución establece que, para eliminar la pobreza, así como la exclusión social y económica, la organización del país tiene como propósitos: la producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos; la reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos; y la reducción de las desigualdades regionales, entre otras.
En este contexto, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) se basa en cuatro pilares: crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos; el Estado se apropia y redistribuye el excedente económico que generan los sectores estratégicos; modelo redistribuidor del ingreso, cuyo excedente económico se reasigna a otros sectores de la economía y a la población con escasos recursos; y la reducción de la desigualdad social y la pobreza, aclarando que estos últimos aspectos fueron heredados del viejo modelo neoliberal.
A partir de 2006, el Gobierno desarrolló políticas socioeconómicas, como las transferencias condicionadas en efectivo, las subvenciones cruzadas y los incrementos salariales por encima de la tasa de inflación. Se implementaron programas y proyectos de inversión pública que permitieron el acceso a la salud y educación, dotación de servicios básicos, vivienda, democratización de los servicios financieros, protección social, así como la generación de empleo.
En 2005, la tasa de desempleo anual ascendía al 8,1%, la pobreza moderada al 60,6% y la pobreza extrema al 38,2%, y como resultado de la aplicación del MESCP en los últimos años (exceptuando el periodo del gobierno de facto), en 2021 dichas variables disminuyeron a 5,2%, 36,3% y 11,1%, respectivamente.
Es necesario resaltar que las políticas sociales llevadas a cabo no solo contribuyeron a la reducción de la pobreza, sino que generaron una distribución más equitativa del ingreso. Uno de los indicadores que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos es el Índice de Gini (IG), que asume valores cercanos a la unidad si en la economía existe concentración de los ingresos y toma valores cercanos a cero cuando el ingreso es distribuido de forma más equitativa. En 2005, el IG tuvo un valor de 0,60 y en 2021 disminuyó a 0,42.
Aparte, la relación de ingresos entre la población más rica y la población más pobre es otro indicador para analizar la distribución del ingreso. En 2005, a nivel nacional el ingreso del 10% de la población más rica era de 128 veces el ingreso del 10% de la población más pobre. En 2021, esta variable llegó solo a 20 veces. Estos resultados alentadores son producto del significativo incremento en el ingreso de la población más pobre, reflejando el crecimiento económico de Bolivia con menos desigualdad entre ricos y pobres; sin embargo, aún quedan retos para gozar de esa sociedad de iguales en el país.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.
