Aunque aún no se ha formalizado la noción de Sociedad de la Desinformación, desde hace algunos años se la ha empezado a utilizar para denominar el estado de constante conspiranoia o irreductible convencimiento en el que mucha gente ha empezado a habitar y desde el cual organiza ahora sus creencias, lecturas de mundo y, en consecuencia, sus vidas. Y, por el otro lado, algunos estudiosos sí han empezado a teorizar en torno a la Sociedad del Desconocimiento, uno de ellos es el filósofo Daniel Innerarity, quien al respecto postula que “nunca el conocimiento había sido tan importante y a la vez tan sospechoso; nunca lo habíamos necesitado tanto y desconfiado al mismo tiempo de él; nunca habíamos depositado tantas esperanzas en el conocimiento como solución mientras se convertía él mismo en un problema”.
Por otro lado, a inicios de este siglo, Oswald Spengler, apologista de la sociedad occidental y de la democracia, señalaba que: “Hace mucho a nadie se le permitía pensar libremente. Ahora está permitido, pero ya nadie es capaz de hacerlo. Ahora solo se piensa lo que todos creen que es lo que se debería pensar y a esto se considera ‘libertad’”.
La idea de lo hasta acá postulado apuntaría a cimentar la idea de que en nuestras sociedades se puede llegar a considerar como un ejercicio de libertad el guiarse por la desinformación y el desconocimiento y, más bien, lo que estaría en déficit es el conocimiento (especializado) sobre algo y, en consecuencia, el pensamiento crítico al respecto. Y si bien, al medio de este sempiterno debate en torno a las representaciones de la realidad se encuentra el rol de los medios de comunicación y, ahora, las operaciones informativas, lo cierto es que, aunque es difícil determinar el poder real de ambos sobre la ciudadanía a la hora de (des)informar, sí es factible pensar que ese poder tenderá a ser mayor si la opinión pública desconoce sobre lo que se habla.
Sumado a todo ello, varios estudios de comunicación política han concluido que las operaciones (des)informativas sí funcionan probadamente sobre la gobernabilidad, lo que hace que la comunicación de gobierno deba orientarse en este nuevo escenario a procesos más pedagógicos que informativos, más anticipativos que reactivos; mucho más cuando corresponde prever los escenarios futuros en los que se pondrá en duda algún tipo de conocimiento (más si es especializado) o concretamente datos. A reserva del debate puntual sobre los hechos, un ejemplo claro de ello fueron las fallidas elecciones generales de 2019.
Basta mirar el panorama discursivo de la pasada semana para entender que, por las razones que fuere, nuevamente se está activando un dispositivo discursivo que busca construir la idea de que un hecho de tanta relevancia estatal como es el Censo Nacional, está pasando anticipadamente a preconstituirse nominalmente en un fraude, un engaño, una mentira. A diferencia de un proceso electoral que es un hecho al que meridianamente estamos acostumbrados, un censo resulta ser un momento muy extraordinario y de un alto nivel de especialización. Cuidado. Las rencillas político gubernamentales no debieran superar el consenso que debemos tener en torno a que esos datos nos serán de utilidad pública por años y cuyas categorías son escenarios de disputa por lo tanto implicarán intercambios políticos. Pero de ninguna manera debiéramos caer anticipadamente en la trampa de construir primero nuestra idea sobre los resultados del Censo antes que hacerlo.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.Twitter: @verokamchatka
