En los últimos dos años y medio el país ha sido conmocionado por una serie de perturbaciones y calamidades que han dado lugar a una creciente inestabilidad institucional y altos niveles de incertidumbre respecto del futuro, agravados por la proliferación de interpretaciones divergentes sobre la realidad imperante y sus perspectivas.
Existen discrepancias, en efecto, respecto de la evaluación de la situación económica y financiera actual entre los analistas más mediáticos, las diferentes autoridades nacionales y de las entidades subnacionales, los gremios empresariales y los organismos internacionales, que contrastan todos con las percepciones cotidianas de la propia población. Esto se debe atribuir en parte a que existen condiciones diferentes en las principales ciudades, así como entre los diferentes sectores de actividad económica. Así, por ejemplo, los indicadores de desempeño en los últimos 12 meses son muy diferentes para las actividades mineras, la agropecuaria de exportación y la construcción, que ostentan elevadas tasas de crecimiento, en comparación con la hotelería, los restaurantes y el turismo, que se encuentran postrados.
Considerando que la estructura económica del país se ha tornado sumamente heterogénea, sería de la mayor importancia que la gestión del Gobierno incorpore entre sus responsabilidades el criterio de que las principales políticas públicas deben orientarse al fortalecimiento de las articulaciones entre sectores y regiones con miras a atenuar asimetrías y promover una mayor cohesión nacional, potenciando las industrias motrices con capacidad de aumentar la productividad general del país. Resulta a todas luces inconveniente que las políticas sociales de tipo asistencial tengan un carácter clientelar según magnitud de votantes, pero asimismo que se discrimen los estímulos disponibles a favor de empresas públicas de dudosa rentabilidad a la par que se ponen grandes obstáculos para la inversión privada reproductiva que mal que bien tiene que funcionar en un sistema de precios relativos que ya no corresponde a la situación del auge que le dio su origen.
Por otra parte, el Estado tiene la obligación de producir seguridad ciudadana, certidumbre institucional y orientación estratégica para toda la sociedad. Entre las diversas opciones para atenuar la incertidumbre que hoy por hoy afecta de manera negativa a las expectativas de los agentes empresariales y de los trabajadores, una de las principales es ciertamente el diálogo y la consulta transparente, acompañados de una comunicación apropiada, oportuna y confiable por parte de las agencias del Estado. El derecho de acceso a la información pública y la comunicación completa y veraz por parte del Estado son los dos componentes que proporcionan a los diferentes actores económicos y sociales las orientaciones imprescindibles para la adopción de sus decisiones a corto, mediano y largo plazo.
En este contexto, al Instituto Nacional de Estadística le compete una responsabilidad primordial en la generación de datos e indicadores confiables y oportunos respecto de las variables demográficas, económicas, sociales y ambientales, sin interferencias del poder político de ningún tipo. Por eso, en ocasión del Censo de 2012, las organizaciones agrupadas en la plataforma de La Ruta del Censo plantearon la necesidad de establecer un sistema nacional de estadísticas independiente, con autonomía de gestión, presupuesto suficiente y con participación de representantes de la sociedad civil, del sistema universitario y de los colegios profesionales. Además, en el campo de las políticas laborales sería altamente recomendable reponer la idea de la creación de un Consejo Económico Social, como fue propuesto en 2005, y que está todavía pendiente de ponerse en funcionamiento.
Horst Grebe es economista.
