En medio de un escenario político que a pocos 70 días del nuevo gobierno de Chile se complejiza continuamente, el Congreso chileno avanzó en la aprobación de un (aún) proyecto de norma garantista de derechos que permite y promueve una gestión menstrual libre y digna. En un país en el que durante décadas el tema de la privatización de la salud ha sido centro de múltiples desigualdades y en el que un gobierno manifiestamente feminista se hace cargo de enfrentar el desafío de la gran promesa del cambio, resulta tremendamente lógico que, sin pompas ni aspavientos, una iniciativa legislativa pretenda regular el rol del Estado ante una situación concreta referida a la salud sexual y reproductiva por la que atraviesa una buena parte de la población. La idea es simple y fácil de entender, se trata de un breve texto que concibe que hay quienes en ese cruento sistema altamente privatizado no tienen acceso a agua o no pueden asistir a clases durante su periodo menstrual y podrían mejorar su calidad de vida atravesando esos días tan dolorosos e incómodos si el Estado apoya, favorece y promueve políticas que permitan un mejor y mayor acceso a productos sanitarios y una nueva cultura sobre el tema que permita ir rompiendo la idea de que, en pleno 2022, este sigue siendo un asunto sobre el cual se debe hablar en susurros. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con ello?
Si bien es posible que la apuesta —de las y los miembros del Congreso chileno por incluir en esta ley a las personas de las poblaciones LGTBIQ— puede haber sido “apresurada” a su tiempo o “radical” en su postura, también es cierto que es garantista. Bajo el razonamiento de sus legisladores que respeta el derecho a la identidad (de género) del que goza todo y toda chilena, existen mujeres biológicas que menstrúan pero que, en el camino de su vida, tomaron la decisión de ser transexuales o no binarias y ya no ser denominadas mujeres, pues ese denominativo no las identifica ya. En consecuencia, en una sociedad que pretende respetar las diversidades sexuales e identitarias, es perfectamente posible que existan personas menstruantes que no se identifiquen como mujeres, son esas las que están incluidas en el mencionado proyecto de ley y esa es la razón de este polémico apelativo en el mismo. De eso va una “persona menstruante”.
Bien, ¿cómo es que entonces un simple proyecto de salud pública se convierte en un absurdo y peligroso meme que desvirtúa absolutamente esos fines y que alcanza una fuerte presencia incluso en Bolivia? Esto ocurre por dos situaciones concretas. Dos tipos de procesos político-desinformativos que tienen lugar de manera simultánea en niveles distintos. Uno global, decidido a frenar todo aquello que pudiera parecerse, concebirse (o construirse) como “marxismo cultural”, “ideología de género” o progresismo y que tiene como objetivo el desorden social y cultural a partir de la excesiva ampliación de derechos y libertades identitarias. Y otro regional y local contra el avance concreto de las izquierdas, asociadas mayoritariamente a las corrientes progresistas que impulsan esas agendas y de las cuales hay que liberar, más aún, a los países que aún no están permeados del todo de ellas. Países cuyas izquierdas, aunque hayan obtenido una mayoría congresal y otra en la Convención Constitucional, no alcanzan aún a reunir el poder necesario para batallar los sentidos en una sociedad que durante tantas décadas ha afianzado tantos otros poderes fácticos por fuera del político.
¿Creyó usted el absurdo de que, como tituló el diario mayor de Bolivia, el “Congreso chileno (aprobó un) proyecto de ley para cambiar la palabra ‘mujer’ por ‘persona menstruante’”? Pues de esos efectos desinformativos que nos alcanzan también van estas batallas políticas.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.
