Hemos visto un espectáculo lamentable hace unos días en la Asamblea Legislativa: el bloqueo de la elección y designación del Defensor del Pueblo. A título de democracia, los dos tercios necesarios —instituidos en la Constitución para decisiones trascendentales— fueron manoseados al antojo de ciertas bancadas.
Había comenzado con augurios el consenso entre las tres fuerzas políticas en la aprobación de la convocatoria y siguió a un sorprendente ritmo hasta que Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó la exclusión de dos postulantes y rompió los acuerdos. Se dio cuenta de que había votado mal por los dos aspirantes, decisión que no sirvió a éstos para conformar la lista corta para su consideración en la sesión bicameral definitiva. No firmó las actas, pero siete postulantes estaban en carrera.
Pero el impasse sirvió para bloquear la designación de manera sucesiva en cuatro votaciones. Bloquearon los dos tercios —es la palabra exacta, como destacaron algunos legisladores como Luis Guillermo Seoane— y validaron la continuidad de Nadia Cruz al frente de la Defensoría del Pueblo.
Sin ningún argumento (por lo menos CC dijo que impediría la designación del Defensor del Pueblo impulsada por las dos exclusiones), Creemos optó por votar blanco y nulo, también eficiente para bloquear la elección. En las dos sesiones fallidas asistieron respectivamente 164 y 162 senadores y diputados de las tres fuerzas políticas; se necesitaban 109 y 107 votos para hacer dos tercios. Ninguno de los candidatos logró la votación necesaria; quienes se acercaron en algo fueron Pedro Callisaya, que recibió entre 82 y adhesiones, y Evelin Cossío, de 47 a 45. Al primero lo tildaron de ser la ficha del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la segunda CC la tomó como su postulante para el bloqueo de la elección, a la que la respaldó de forma consecutiva.
CC denunció trampa del MAS por mantener el interinato, pero fue funcional a la continuidad de Cruz, cuyo mandato se sustenta en el artículo 12 de la Ley 870, del Defensor del Pueblo, “en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”. Lo mismo ocurrió con Creemos, que incluso se abstuvo de cualquier posibilidad de diálogo, aunque esto se despilfarró cuando el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no se preocupó mucho por él, pese a los intentos, y rompió su palabra al reinstalar la sesión sin la anticipación debida que prometió, menos bajo acuerdos previos.
Así quedaron las cosas en nada. ¿Cómo es se le endilga a Callisaya militancia en el MAS luego de haber pasado la fase de revisión de requisitos que prohibía la adhesión partidaria ocho años antes de las postulaciones? CC y Creemos validaron el cumplimiento de ese requisito consignado en la convocatoria antes de la calificación de méritos.
Siendo el mejor calificado (tres “excelente” y una “buena” en las cuatro categorías), el hombre resultó impedido de ser elegido. El MAS optó por él, en mérito a su mayoría y la consideración de las calificaciones, y la oposición lo frenó, en un intento de sobreponer a la minoría frente a la mayoría.
Si bien instituidos en la Constitución, los dos tercios tienen la finalidad de blindar la institucionalidad de los cargos y las decisiones con el mayor respaldo posible. Sin embargo, cuando son usados para bloquear ese propósito, son un instrumento antidemocrático, que permite a la minoría someter a la mayoría.
La circunstancia política impide pensar que en adelante puedan haber consensos serios y sensatos. La Asamblea Legislativa debe elegir pronto al Contralor General del Estado, pero no está capacitada para asumir el reto. Otras decisiones, como la aprobación de más de una veintena de juicios de responsabilidades, entre ellas cuatro contra Jeanine Áñez, también se encuentran en el limbo.
Mientras, la oposición parece naturalizar la desinstitucionalización del Estado al pretender ser el paladín de la democracia con actuaciones contradictorias. Ya se develó mostrándole la espalda y tocando silbatos al presidente Luis Arce en actos oficiales. Ya lo demostró al considerar que la llegada al poder de Áñez fue constitucional e “impecable”. Ya lo demostró al justificar las masacres de Sacaba y Senkata.
La oposición no es democrática, por más esfuerzos que haga por creerse así.
Rubén Atahuichi es periodista.
