El 13 de marzo de 2021, Jeanine Áñez fue detenida en una vivienda ajena en las afueras de Trinidad. Seis meses después de perder las elecciones subnacionales (era candidata a la Gobernación de Beni) y poco más de cuatro meses de abandonar el poder.
Había sido sorprendida con las maletas listas. Una fuente de la Policía nos dijo que estaba inmersa en “actos preparatorios típicos de una fuga” y con los boletos pagados para huir a Brasil en una avioneta, gracias a la alerta —que le adelantó que había orden de aprehensión contra ella— de su colaborador y ahora fugado Yerko Núñez.
Conspiración, terrorismo y sedición eran los delitos que la endilgaban en un proceso a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty. Casi abandonado el juicio, llamado caso Golpe de Estado I, la exmandataria enfrenta ahora la continuidad de las acusaciones en el caso Golpe de Estado II, cuya sentencia parece inminente.
Es complicado entender los tres delitos contra quien tuvo un papel trascendental solo después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, a sabiendas del protagonismo de otros en la crisis poselectoral de entonces; incluso el cuaderno de investigaciones del caso estaba foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”.
Se supone que la aprehensión —más allá del “abuso” que entonces denunció Áñez— pretendía evitar la fuga de la exmandataria. Otros cuadros claves del gobierno transitorio, Arturo Murillo, Luis Fernando López o el mismo Núñez, ya habían huido incluso días antes de la llegada al poder del presidente Luis Arce.
Sin embargo, ayudó a tener a raya a Áñez y generar un segundo caso con pruebas susceptibles de ser más sustentables, relativas a la proclamación de Áñez: su disposición a protegerse con la cápsula presidencial sin ser mandataria (hay que recordar el helicóptero dispuesto a su favor cuando llegó a La Paz el 11 de noviembre), su orden de actuación de las Fuerzas Armadas en las protestas un día antes de la proclamación y en su “condición de presidenta del Senado”, su intención sin éxito de lectura necesaria y constitucional de las renuncias de Morales y Álvaro García en la Asamblea Legislativa, su convocatoria a la instalación de actos en el Senado y la Asamblea Legislativa sin quórum ni presencia de la mayoría legislativa del MAS, su atribución de la sucesión presidencial por encima de la modificación de la directiva del Senado, la usurpación de un cargo en el Senado que corresponde a la fuerza mayoritaria y no a la minoría a la que pertenecía, la imposición de la banda presidencial en ambientes del Palacio Quemado y fuera de la Asamblea Legislativa, y su propia interpretación de un “comunicado” del Tribunal Constitucional que invocaba la sucesión del Vicepresidente, no otro cargo, y la condición ipso facto del acto. “Cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, decía en negrillas el comunicado.
En su defensa, Áñez alega “vacío de poder”, en referencia a la salida del país de Morales y García, y las renuncias de los presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, los siguientes en el orden de prelación de la sucesión. Sobre esto, hay una develación de Jorge Quiroga, uno de los principales protagonistas de la sucesión, sobre la “huida” a México y el cabildeo del expresidente de oposición con la FAB: “(…) Yo hablo con la gente de la FAB, les digo que den el permiso para pacificar el país y también, no voy a negar, porque el hecho de que él suba al avión mexicano y se vaya al asilo significaba dejación del cargo, abandono de funciones, y efectivizaba la sucesión constitucional”.
Además, Áñez se defiende con la ley que amplió su mandato transitorio, como el de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Por donde se la vea, la sucesión de Áñez no fue “impecable”, como diría Carlos Mesa. No hay forma de justificar el extremo. El mismo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso en cuestión la “proclamación” de Áñez en el Senado y la Asamblea Legislativa, y el “comunicado” del TCP.
¿Y cómo se describen todos esos extremos? ¿Golpe suave? ¿Golpe, a secas? ¿Ruptura constitucional, con eufemismos? “Golpes eran los de antes”, decía un colega, viejo conocedor de estos sucesos históricos, creyendo que los golpes suceden solo con la irrupción en el Palacio Quemado de un coronel, un general o una junta militar.
Los jueces tendrán que actuar en consecuencia para que no se repita esto. Por su responsabilidad con la historia.
Rubén Atahuichi es periodista.
