En días pasados, el Estado boliviano presentó su VII Informe Periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta rendición de cuentas voluntaria frente a la comunidad internacional refleja nuestro compromiso de acatar las recomendaciones del Comité de Expertas de Naciones Unidas que realiza observaciones a los Estados esperando mejoras luego de cada informe. Nuestro último examen fue en 2015, y las recomendaciones que hicieron entonces son las que ahora discuten las expertas con la jefa de la delegación boliviana, la ministra María Nela Prada.
Podemos resumir en seis ejes los temas que preocuparon de manera estructural al comité en 2015: i) las fallas estructurales de la justicia; ii) la limitada autoridad decisoria y los escasos recursos de la instancia estatal responsable de las políticas de igualdad de género; iii) la persistencia de estereotipos discriminatorios sobre mujeres y hombres; iv) la persistencia de la violencia y la falta de una estrategia de prevención; v) el número desproporcionadamente alto de mujeres que trabajan en el sector informal; y vi) los temas de salud vinculados a las tasas de mortalidad materna, la falta de educación en salud sexual y reproductiva; la tasa de embarazos en la adolescencia y la penalización del aborto.
Es doloroso constatar los pocos avances que podemos presentar en estos siete años. Tal vez por ello, la ministra Prada centró su introducción en el trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, sobre todo en la sentencia constitucional de avocación emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que establece una agenda de cómo una serie de instituciones podrían/deberían actuar (a futuro) si realmente se comprometieran con una sociedad libre de violencia.
Esta introducción fue contrastada con el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo que, apoyándose con cifras contundentes, expresó la sensación compartida sobre la indefensión de las mujeres frente a la falla sistémica de la justicia que se complementa muy bien con la falta de políticas de prevención en el sistema educativo para sostener la persistencia de la violencia por razones de género. Y las preguntas de las expertas fueron profundizando en torno a esas fallas sistémicas y el poco avance que hemos logrado en el tema. Y es que, a pesar de los esfuerzos por dotar de material pedagógico y manuales de despatriarcalización, es en nuestros maestros donde mejor se refleja el problema de estereotipos discriminatorios sobre los roles de género que pueden bloquear cualquier buena intención estatal de cambio en el sistema patriarcal.
Un tema que fue enfrentado con valentía por la ministra Prada fue la denuncia de la permanente confrontación que las políticas de salud (y yo agregaría educación y justicia) deben enfrentar con grupos conservadores pro vida que bloquean el cumplimiento de derechos fundamentales. Seguramente ese conflicto ha resonado en muchos países donde la escalada de los fundamentalismos religiosos representa un desafío cada vez mayor al cumplimiento de los derechos humanos.
Seguramente de este informe tendremos nuevas recomendaciones que nos permitirá establecer como país un horizonte con nuevos desafíos. Lo penoso es que muchos de ellos son persistentes, como las fallas estructurales de la justicia y la impunidad que provoca. Otras cosas pueden ir cambiando, como los estereotipos de género, o los cambios posibles en la prevención de la violencia o en el acceso a la salud. Pensar y discutir colectivamente en qué poner las energías da sentido a estas conversaciones. En ese sentido, las preguntas incómodas de las expertas son siempre bienvenidas.
Lourdes Montero es cientista social.
