El tema de vivienda y hábitat es particularmente sensible para las mujeres ya que son ellas, fundamentalmente, quienes realizan en el contexto familiar las principales funciones que tienen lugar en la vivienda y su entorno, vinculadas a la reproducción, cuidado y recuperación de la fuerza de trabajo: protección y cobijo, alimentación e higiene, educación y socialización.
Estas funciones se ven facilitadas o dificultadas dependiendo de las posibilidades de acceso a servicios públicos y sociales de cuidado infantil, educación, salud, entre otros; además, dependiendo de la seguridad de la tenencia, calidad espacial y ambiental de la vivienda. Claramente debemos resaltar que las posibilidades de acceso a una vivienda y al pago de los servicios se ven reducidas en hogares a cargo de mujeres con trabajos menos remunerados o vinculadas al sector informal de la economía. Al mismo tiempo que hay un aumento de hogares monoparentales de mujeres con hijos o hijas a cargo, o personas dependientes.
¿Cómo pensar la ciudad y su ordenamiento territorial desde la perspectiva de género? Esta necesidad se ve en varios países de Latinoamérica, es así que se tiene transitando en las redes diversidad de publicaciones, como ser Proyecto Ciudad Mujer, Agendas de la Ciudad Mujer, Derechos de las mujeres en las ciudades, Planes de igualdad de oportunidades de las mujeres de El Alto, Programa Ciudad Mujer-Tarija, todos con el mismo objetivo, fortalecer y apoyar en la orientación, en las nuevas modalidades de trabajo y prácticas sociales, que requieren pensar en temas como las políticas de vivienda, de salud, de movilidad, de seguridad, de equipamientos y espacios públicos, entre otras, desde un enfoque que contemple la diversidad de la población, la seguridad de las mujeres en las ciudades que se ha convertido, desde la perspectiva de género, en uno de los temas claves del urbanismo.
¿Qué es lo que se busca? Que la organización del territorio debe expresar y responder claramente a la doble presencia laboral en los espacios privado y público que tienen las mujeres, y que determina su relación con la vivienda y el hábitat como principales usuarias —considerando que la vivienda, en muchos casos, es también el único lugar de generación de ingresos—, con la dotación de servicios públicos para la realización de funciones domésticas.
Desde el Estado se han establecido acciones legales que permitan fortalecer estas iniciativas, como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348 del 09/03/2014) y su reglamentación (DS 2145 del 14/10/2014), recientemente se tiene el Decreto Supremo 4401, del 26/11/2020, que tiene el objetivo de impulsar medidas para la igualdad de oportunidades y la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres; a nivel departamental se tiene la Ley departamental 124 de Igualdad y Oportunidades para la Mujer, del 20/09/2016.
La dinámica en el territorio urbano en términos de desarrollo económico, social y sostenibilidad ambiental, ha generado cambios multidimensionales debido al crecimiento de los mercados diferenciados, ciudades y conexiones urbano-rural, dinámicas productivas, etc., promoviendo un eslabonamiento y afinidad hacia el empoderamiento de las mujeres, es por ello que todas estas iniciativas que se van sembrando a diferentes escalas y con diferentes actores buscan que estas agendas y pedidos se hagan realidad, que no exista una limitación espacial y motivo de exclusión para las mujeres.
Sara Espinoza es subgerente socioambiental en investigación y proyectos geoespaciales de la FAN.
