Los dichos de Jorge Quiroga suelen ser prefabricados, una combinación de palabras no siempre razonable. Acaba de acuñar unas cuantas en su defensa y ante su participación en las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica que el 10 de noviembre de 2019 forzaron la sucesión de Jeanine Áñez tras la renuncia de Evo Morales.
Vicepresidente de Hugo Banzer, otrora dictador, y expresidente por sucesión constitucional (2001), Quiroga fue clave en 2019, desde la justificación de la condición “ipso facto” de la senadora de entonces, su papel en las operaciones de Fuerza Aérea para la salida de Morales hacia México y la promoción internacional del gobierno transitorio.
Pero lo más importante de ese papel fue la argumentación de la sucesión que hizo con la desempolvada Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, que blindó la suya ante el dimisionario, por cáncer terminal, de Banzer. Trabajó el documento junto a su asesor, el exsenador Luis Vásquez, de quien se supo que cabildeó con los magistrados hasta lograr el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el que asumió Áñez.
El comunicado del TCP —que Petronilo Flores aclaró más tarde que no era vinculante— hacía referencia a la declaración como una alerta constitucional en medio de la grave crisis política de finales de 2019, atribuía la sucesión al “vicepresidente de la República” y advertía en un subrayado en negritas de la condición “ipso facto” ante una eventual malinterpretación: “(…) Cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión”.
Morales había renunciado, también lo habían hecho el vicepresidente Álvaro García y los presidentes de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. A diferencia de la antigua Constitución —que disponía sucesión al Vicepresidente, los titulares de Senadores y de Diputados, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (como ocurrió en 2005 con Eduardo Rodríguez Veltzé)—, la actual establece la línea de sucesión hasta el presidente de Diputados; no rebasa hacia otro órgano, menos hacia un segundo vicepresidente (del Senado), como era el caso de Áñez.
Áñez se atribuyó la presidencia del Senado sin mayor trámite y en esa condición se proclamó presidenta, sin quórum ni presencia de la mayoría legislativa del MAS.
En esas condiciones llegó Áñez al poder. Por ese caso, llamado Golpe de Estado II, la exsenadora de minorías fue sentenciada a 10 años de prisión, por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Quiroga —a quien, como a sus correligionarios, Banzer lo destacaba con la frase histórica de “más vale un gramo de lealtad que una tonelada de inteligencia”— calificó el caso de “Tramoya II”, otra vez las palabras, y sentenció: “Si Jeanine (Áñez) fue inconstitucional, Luis Arce es hijo de la inconstitucionalidad”.
Lo dijo por la convocatoria a elecciones en el régimen de Áñez, que Arce ganó. La convocatoria a elecciones por parte de alguien que usurpó el poder no da legitimidad a su régimen ni lo constitucionaliza.
Pero, ¿cómo “normalizar” un gobierno democrático surgido de elecciones? No hay otra forma más que bajo la convocatoria de un gobierno de facto (de hecho).
El dictador Banzer llamó a elecciones que ganó con fraude su candidato, Juan Pereda. Sin embargo, éste —no contento con la anulación de los comicios— propició un golpe contra su mentor a través de una junta militar. Más tarde, Pereda fue depuesto en otro golpe de un militar, David Padilla Arancibia, quien llamó luego a votación.
Aquí surgió el primer “hijo de la inconstitucionalidad”: Hernán Siles Zuazo, que le ganó la elección a Víctor Paz Estenssoro.
Por la votación cerrada, Siles Zuazo no logró instalarse y el Congreso Nacional nombró en su lugar a otro “hijo de la inconstitucionalidad”, Wálter Guevara, quien no consiguió llamar a comicios debido al golpe de Alberto Natusch Busch. Éste no duró en el Gobierno, cedió a la presión.
Y el Congreso eligió a Lidia Gueiler, otra “hija de la inconstitucionalidad”. Ella llamó a elecciones que ganó Siles Zuazo, pero sufrió el golpe de Luis García Meza (que negó también el golpe). No se instaló el Congreso y Siles Zuazo tampoco pudo ejercer su victoria; tomaron el poder otros militares, Celso Torrelio y Guido Vildoso. Éste, en 1982, entregó el poder a Siles Zuazo y fue la “recuperación de la democracia”. Son hijos históricos de la “inconstitucionalidad”.
Rubén Atahuichi es periodista.
