Una de las vertientes del plan del Gobierno para 2021-2025 parte de potencializar la producción agrícola y con ello consolidar una seguridad alimentaria con soberanía. Para lograr esto, se plantea un apoyo al sector productivo que fortalezca los procesos de innovación tecnológica, asistencia técnica, manejo fitosanitario, comercialización y producción agrícola como los frutales, verduras, granos, tubérculos y hortalizas, entre otros. Sin duda, este plan generará polos de desarrollo importantes, empero, ¿cómo poder proteger efectivamente a nuestra producción agropecuaria de algunos productos extranjeros que ingresan en competencia desleal?
La Salvaguardia Agrícola es un mecanismo que tienen casi todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero, ¿qué creen?, menos Bolivia, puesto que en 1995 el gobierno neoliberal no tuvo ni la más mínima intención de aplicar una reserva en la lista de compromisos relativos a la agricultura, ya que consideró que nuestro país dejaría de depender de la misma, en máximo cinco años, aspecto en el que ni naciones como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea llegaron a ser tan optimistas, y se reservan ese derecho hasta hoy.
Las salvaguardias son restricciones especiales a la importación que se adoptan de forma temporal para hacer frente a situaciones específicas, tales como un aumento repentino de las importaciones. Normalmente entran en el ámbito del Tratado sobre Salvaguardias, pero el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC contiene disposiciones especiales relativas, sin embargo, solo para aquellos países que efectuaron sus reservas, caso que lamentablemente no es aplicable para Bolivia, debido a las pésimas negociaciones que se realizaron por parte de los gobiernos de turno de aquella época.
Sin embargo, existe una mecánica de Salvaguardia Especial para productos agrícolas dentro del ámbito de la Comunidad Andina (CAN), establecida en los artículos 90 y 91 del Acuerdo de Cartagena, que permite activarla bajo condiciones más sencillas que una salvaguardia provisional, y pueden acceder los países miembros para proteger su Rama de Producción Nacional (RPN), cuando se activen los siguientes aspectos: a) limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficits de producción interna; y b) nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional.
Es importante aclarar que no todos los productos agrícolas están incorporados para poder aplicarse en dicho mecanismo, la Decisión 474 de la CAN determina una lista de unos pocos bienes como el azúcar, la carne de res o la leche, debido nuevamente a las políticas miopes de los gobiernos neoliberales; la mencionada normativa data de 2000, estando desactualizada a las necesidades de los países miembros, especialmente de Bolivia.
No obstante, gracias a las excelentes gestiones del Gobierno, y luego de 22 años, en la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ampliado de la CAN, efectuada el 25 de marzo de 2022, nuestro país logró que los Estados miembros decidan iniciar las negociaciones correspondientes, y se pueda actualizar dicho listado, incluyendo a productos sensibles y/o estratégicos para la producción agrícola.
Bajo estos parámetros, dicha medida permitirá una protección más efectiva a nuestros productos agrícolas, sumado a que el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo tiene como pilar fundamental dinamizar aquellos sectores generadores de ingresos y empleo, como el desarrollo agropecuario, modificando el patrón primario por un proceso industrializador y generador de mejora productiva.
Carlos Escóbar Revollo es administrador de empresas.
