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De la privatización a la nacionalización

El proceso de privatización efectuado durante el periodo 1985- 2005, se dio mediante la nueva política económica en Bolivia (neoliberalismo), que marcó el inicio de un sistema político, económico y social fundado en la eliminación del Estado productivo. El periodo neoliberal se gestionó a través de varios gobiernos, a objeto de aplicar la privatización y […]

TRIBUNA
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Por Fernando Chuquimia
TRIBUNA
La Paz / julio 29, 2022
en Voces

El proceso de privatización efectuado durante el periodo 1985- 2005, se dio mediante la nueva política económica en Bolivia (neoliberalismo), que marcó el inicio de un sistema político, económico y social fundado en la eliminación del Estado productivo. El periodo neoliberal se gestionó a través de varios gobiernos, a objeto de aplicar la privatización y la llamada capitalización, donde descaradamente uno de sus gestores (Samuel Doria Medina) señalaba que la privatización de las empresas públicas “es un proceso revolucionario que permite generar empleo, posibilita inversiones y genera recursos para proyectos sociales”.

Las reformas neoliberales dieron paso a la enajenación sin precedentes en el país, abarcaron las empresas productivas y de servicios, y se extendieron a los recursos naturales, dicha enajenación se concretó mediante la privatización, capitalización y cierre, aspecto que implicó la activación de varias modalidades, como la venta de empresas en marcha y de paquetes accionarios, así como la concesión de mercados y servicios públicos, fortaleciendo el capital privado en desmedro del Estado.

El perjuicio ocasionado al país golpeó duramente a las compañías estatales estratégicas: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), que adicionando otros gastos por concepto de financiamiento, el importe total del daño económico es de $us 10.049,08 millones (2002), monto que al ser actualizado asciende a $us 22.051,70 millones.

Al respecto, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización presentó en 2019 su informe final, en el cual expone que hubo una red de poder de la enajenación, conformada por una gran cantidad de personas que participaron en este proceso, identificándose autoridades públicas y empresarios privados, entre ellos, Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Samuel Doria Medina, Ronald MacLean Abaroa, Raúl Garafulic Gutiérrez, Gonzalo Chávez Álvarez, Carlos Mesa Gisbert, entre otros.

Por otra parte, a partir de 2006 se instaura el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el cual parte de un diagnóstico de los errores del modelo neoliberal para contraponer una nueva política, es decir la antítesis como respuesta de política económica. En este sentido, con la nacionalización el Estado retoma el control de los recursos naturales de los sectores estratégicos como los hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones, para beneficiar a los bolivianos, en lugar de las empresas transnacionales, medida de gran impacto que cambió estructuralmente al país, devolviéndole el patrimonio colectivo al pueblo boliviano.

Es importante resaltar que el MESCP es un modelo diseñado por bolivianos y para los bolivianos, fue construido sobre la realidad socioeconómica del país, además es desarrollado y aplicado por profesionales bolivianos. Se basa en cuatro pilares fundamentales: crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales; el Estado se apropia y redistribuye el excedente económico que generan los sectores estratégicos; modelo redistribuidor del ingreso, cuyo excedente económico se reasigna a otros sectores de la economía y a la población con escasos recursos; y reducción de la desigualdad social y la pobreza.

Finalmente, con la aplicación del MESCP los resultados fueron favorables hasta antes de la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, obteniendo como logros: crecimiento económico sostenido, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, solidez del sistema financiero, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza, disminución del desempleo y de la desigualdad económica. Asimismo, y dando continuidad a políticas enmarcadas en el MESCP y a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, Bolivia está retornando a la senda del crecimiento con indicadores económicos positivos, que son destacados por organismos e instituciones internacionales.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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