Por varios años en Bolivia regía la Ley 1488 de 1993, con enfoque neoliberal, por cuanto las entidades financieras (EF) pactaban libremente tasas, créditos y comisiones. La oferta de servicios financieros contemplaba una perspectiva proteccionista de las EF, omitiendo la atención y reconocimiento de derechos de los usuarios, así como el papel que debían desempeñar estas instituciones en el desarrollo económico y social del país. Asimismo, la demanda de servicios estaba orientada a las grandes empresas privadas, desconociendo la diversidad económica, productiva y cultural de las medianas y pequeñas unidades económicas.
A partir de la Ley 393 de 2013, y con base en pilares del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP), Bolivia apuesta por su desarrollo a través del apoyo financiero a la producción y la mejora de las condiciones para la población, mediante la canalización de recursos en condiciones más accesibles para la vivienda, la transparencia de los servicios, el fortalecimiento de las medidas prudenciales, la solvencia de las EF y la protección del consumidor financiero.
Dicha norma tiene un enfoque social y productivo, donde el Estado interviene para fijar tasas y niveles de cartera para el sector productivo, vivienda de interés social, así como la regulación de comisiones y periodos de gracia. Se prioriza la universalidad de los servicios financieros, apoyando principalmente las actividades productivas, la inclusión financiera y la estabilidad del sistema financiero. Además, los servicios deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien.
Con la aplicación del MESCP, el desempeño del sistema financiero de nuestro país ha cambiado profundamente, por ejemplo, en 2005, el ahorro financiero alcanzaba a $us 3.826 millones, los depósitos a $us 3.678, los créditos a $us 3.360 millones y el número de cuentas a 1.911.000. En la gestión 2021, los indicadores incrementaron a $us 31.006 millones, $us 30.770 millones, $us 29.064 millones y 13.720.000 de cuentas. Asimismo, los puntos de atención financiera (sucursales, agencias, cajeros automáticos, entre otros) en el área urbana y rural en 2007 eran de 1.673, y en 2021 ascendieron a 9.758.
Por otra parte, entendiéndose a la bolivianización como el proceso por el cual la población usa más la moneda nacional para sus transacciones, y ser concebida como la causa del rescate de la soberanía monetaria mediante la revalorización del boliviano en la economía; el ahorro financiero y de los créditos, han incrementado de 15% y 7,5% (2005), a 99% y 85,8% (2021). Estas cifras demuestran que la población confía en la fortaleza de la moneda nacional y permite dar certidumbre a la toma de decisiones de los agentes económicos.
Finalmente, con la continuidad del MESCP y políticas económicas y sociales, el SF boliviano gozará de solidez y sostenibilidad, permitiendo canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión, aspecto que contribuye al desarrollo integral del país, con importantes efectos sobre la actividad económica, el empleo, la disminución de la pobreza y la exclusión social y económica.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.
