La historia de Bolivia es intensa y convulsa, y dentro de ella los conflictos han desempeñado siempre un rol central. Si bien hubo periodos de intensa conflictividad y otros de relativa calma, en general, la sociedad boliviana se encuentra continuamente movilizada y en pie de protesta.
En ese entendido, el conflicto social tiene un importante lugar en el imaginario nacional como motor de los cambios y transformaciones en distintas etapas, por eso se lo valora positivamente, pero en muchos casos tiende a enfatizar sus aspectos negativos (entorpecimiento o interrupción de las actividades, especialmente laborales, con las consiguientes pérdidas económicas, disrupción de la paz pública, etcétera).
Es entonces cuando el Estado ejerce su poder de coerción, evitando estos efectos perjudiciales a través de la Policía Boliviana en misión de “restablecimiento del orden público”, que no es otra cosa que la administración de los conflictos con sus principales componentes: planificación, organización, dirección y ejecución, aspecto que por su poca utilización, a lo largo de la historia policial, causó bastantes problemas y situaciones de responsabilidad para nuestra institución, que tiene además la misión constitucional de la “defensa de la sociedad, la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”.
En ese marco, la gestión del orden público consiste en garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos y libertades legales, sin infringir los derechos de otros, al mismo tiempo que se asegura que todas las partes respeten la vigencia de las leyes y el principio de autoridad.
Para ese objetivo, se aplica el “Manual para Operaciones Policiales de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público” de la Policía Boliviana, cuyos lineamientos doctrinales administrativos y operativos (guías) son desarrollados por las unidades policiales, con el objetivo de controlar eventos que van en contra el orden público, aplicando en cada situación el uso diferenciado de la fuerza para lograr el fin legal deseado, compatible con los derechos humanos.
Entonces, si bien la Constitución y el Manual para Operaciones Policiales determinan y regulan el mantenimiento y restablecimiento del orden público por parte de la Policía Boliviana, habrá que cuestionarse lo siguiente: ¿todo lo expuesto inicialmente es de conocimiento y comprensión de la comunidad y principalmente de los administradores de justicia?
Con el anhelo de asistir a la función policial, el autor tiene la certeza que lo expuesto líneas atrás será un significativo aporte a la cultura general y jurídica; a momento de construir conceptos y cuestiones sobre la labor de la Policía Boliviana, que a la hora de aplicar sus facultades legales restringe derechos y libertades, pero al mismo tiempo los respeta.
Norman Morales Suxo es mayor de la Policía y docente de la Unipol.
