Ya casi perdimos el rastro de la representación de los periodistas de La Paz. La otrora influyente Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se ha convertido en los últimos años en una organización de solamente algunos grupos de poder que se atribuye, sin embargo, la representación de “todos” los periodistas de La Paz, a pesar de tener en su seno a solamente parte de los profesionales del área en el departamento.
Con motivo de las últimas elecciones de su directorio, luego de un par de años de pausa de la organización, no hubo registro público sobre cuántos miembros conforman actualmente dicha asociación (en 2018 había 224 socios registrados). Sin embargo, se sabe que menos de 80 periodistas, de los cuales 18 integrantes de la plancha, eligieron a su nueva directiva, ¡y de una sola fórmula! Ya había ocurrido similar situación en años pasados.
Si revisamos comicios de la APLP recientes, encontramos números parecidos. Lupe Cajías fue elegida en 2014 con 85 votos de 115 sufragios; Nelson Martínez (2016) con 88 de 102 y Reynaldo García (2018) con 48 de 114.
¿Cuántos periodistas somos en La Paz? No es posible conocer el número, pero no somos ni 80 ni 224; la cifra debe alcanzar fácilmente el millar, contando profesionales de radio, televisión, periódicos, portales digitales o independientes (de un empleador).
Entonces, ¿es la APLP la representación legítima de los periodistas de La Paz? Ni tiene la capacidad de agrupar al gremio en general ni su origen —por su escasa votación en la elección de su directorio— es democrático.
Sin embargo, ¡será la “voz” de los periodistas! Será la organización que se atribuirá en adelante la representación de los periodistas, sin el consentimiento de un conjunto, sino de unos cuántos.
No auguramos nada de su rol en defensa del gremio y sus códigos profesionales, menos de su escasa afición por la autorregulación, ya bastante muestra nos dio su presidente elegido de ser uno de los primeros en descalificar y calumniar a sus colegas, al punto de señalar periodistas y medios, en franca competencia desleal desde su diario.
En 2014, Raúl Peñaranda consideró que era “una tramoya” el juicio que el entonces procurador Héctor Arce instauró por “traición a la patria” contra Claudia Benavente y Ricardo Aguilar ( fallecido), periodistas de LA RAZÓN. Cajías, la entonces presidenta de su directorio, calificó el proceso —derivado luego al Tribunal de Imprenta de La Paz— como una “cortina de humo”, después de acuñar el adjetivo de “paraestatales” a los medios que no comulgan con su línea de pensamiento.
Es más, el hombre escribió un “libro” de mentiras y acusaciones contra el diario, contra su directora y contra sus periodistas. Su afán no terminó allí; en 2019 conformó un grupo — como nunca— de detractores contra el diario, en franca persecución mediática de periodistas contra periodistas, de medios contra medios, como ahora se repite con otros profesionales como Freddy Morales, un periodista honesto que no se dejó tentar por la administración pública ni las asesorías políticas para volver como si nada al oficio, ahora es blanco de ataques desde el mismo gremio, sin derecho a contraparte ni manifiestos de la APLP, ni la solidaridad de los compañeros.
Quizás con un prestigio añejo y desportillado ahora, la APLP necesita legitimar su institucionalidad a partir de los intereses reales de sus socios, la necesidad de promover un periodismo responsable y la promoción de la democracia desde su propio seno. Sin augurarle nada, tenemos el temor de que bajo esa dirección se constituya en un factor de persecución, una trinchera política y una representación de todos los periodistas que no la tiene.
Rubén Atahuichi es periodista.
