En Latinoamérica, cuando la promesa de no tolerar la violencia de género se cumple, tenemos que celebrarlo. Y hoy tenemos que aplaudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador que ha definido, por unanimidad, la destitución del cargo de un alcalde que ha ejercido violencia política contra una mujer. Con esta resolución, la Justicia en Ecuador crea jurisprudencia sobre violencia política de género no solo en el país andino, sino en todo el continente.
Las acciones que juzga el TCE en el (ya histórico) proceso 026 es similar a cualquier caso de violencia política en Bolivia. La denunciante, Yennifer López Córdova, fue electa como la concejala más votada del cantón Paltas, provincia de Loja en Ecuador. Al llegar al municipio, fue electa como vicealcaldesa. Por su actitud fiscalizadora le resultó incómoda al alcalde, el señor Jorge Luis Feijoó, quien procedió a removerla de su cargo de manera ilegal y arbitraria. A través de una acción de protección legal, la vicealcaldesa consiguió ser reincorporada en el cargo, sin embargo, la violencia política no cesó. Impedimento de acceso a información, desalojo de los espacios de trabajo y suspensión de pago de salarios por tres meses consecutivos son las formas concretas con las que el alcalde intentó amedrentar a la vicealcaldesa.
En Bolivia, ninguna de estas formas de ejercicio de violencia nos es ajena. En el informe Paridad más allá de la Paridad se registra que 7 de cada 10 mujeres que ejercen un cargo de representación han vivido violencia por su incursión en la política. Pero lo más preocupante es que el 77% de ellas han decidido no denunciar. Esto tiene relación con la poca confianza que la Ley 243 les genera, ya que un 72% cree que ayudó poco o no influyó en nada para frenar los casos de violencia política.
Entre enero de 2015 y marzo de 2022, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró 670 casos de acoso y violencia política hacia mujeres electas. Por su parte, y solo en 2021, el Órgano Electoral Plurinacional registró 155 renuncias de mujeres vinculadas a la figura de “gestión compartida” que atenta contra sus derechos.
Hoy mismo tenemos varios casos emblemáticos muy bien documentados por Aleja Cuevas y María Ulo en la revista La Brava (https://dev-qa.la-razon.com//revistalabrava.com/).Los casos de Vicencia Apaza, Lourdes Vásquez y Juana Luna, del municipio de San Pedro de Curahuara (La Paz); Eulogia Gonzales y María Ckuno, en el municipio de Ravelo (Potosí) o Juana Choque, exconcejala del municipio de Huarina (La Paz) causan indignación sobre todo por la soledad y desprotección en las que se encuentran las mujeres, puesto que el Estado y los líderes de los partidos políticos hacen oídos sordos frente a las denuncias. Como en muchos casos de leyes nacionales, que implican gran avance normativo, la brecha de implementación es inmensa, persistiendo la impunidad de los agresores.
Por todo esto, el avance del TCE del Ecuador nos llena de esperanza. La sanción para el ahora exalcalde Jorge Luis Feijoó es ejemplificadora: la destitución del cargo de alcalde, la suspensión de los derechos políticos de participación por dos años y una multa económica de 10.000 dólares. A estas sanciones se suman la obligación de participar de talleres de capacitación y disculpas públicas.
Estas sanciones impuestas por el TCE responden a las recientes reformas realizadas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que, en el artículo 280, se refiere a la Violencia Política de Género. Este tipo de violencia se la califica como una infracción electoral muy grave. Así, el sistema electoral ecuatoriano cumple su deber de garantizar los derechos de participación de las mujeres en política mostrándose intolerante frente a la violencia y con ello genera un hito histórico en favor de la equidad, igualdad y democracia.
Lourdes Montero es cientista social.
