El electorado chileno batió todos los récords de participación cuando votó por el exlíder estudiantil Gabriel Boric como presidente, el más joven que ha tenido Chile, en diciembre. Y el domingo 4 de septiembre, solo seis meses después de su llegada a la presidencia, volvieron a romper un récord al rechazar rotundamente un proyecto defendido por Boric desde el principio: una nueva Constitución progresista diseñada para enterrar la que Chile heredó de Augusto Pinochet.
De los 13 millones de chilenos que acudieron a las urnas el 4 de septiembre, el decisivo 61,9% —entre ellos muchos que ayudaron a que Boric fuese elegido— dijo “rechazo” a esta propuesta de Carta Magna, que, entre otras muchas cláusulas con visión de futuro, habría consagrado más derechos que nunca, exigido la paridad en las instituciones de gobierno, priorizado el medioambiente y declarado Chile como Estado plurinacional de modo que el autogobierno de los indígenas conviviera con el gobierno nacional. Aunque el abrumador rechazo fue una sorpresa para muchos, la explicación más sencilla y certera de ese resultado es que el rechazo era la opción más segura en unos tiempos en los que los chilenos no se sienten seguros.
La sensación de inseguridad y precariedad, que lleva décadas hirviendo a fuego lento, fue lo que en un principio llevó a los chilenos a reclamar una nueva Constitución. Con este ambiente de inestabilidad, es comprensible que un transformador cambio constitucional pasara a un segundo plano.
Desde el primer día, la Convención Constitucional de Chile estuvo envuelta en la polémica, con errores no forzados y episodios que desconcertaron a los chilenos, y que distrajeron su atención del importante trabajo que los constituyentes estaban realizando. Boric no pudo vendar las heridas que la convención se había infligido a sí misma.
Durante el mes que duró la campaña para rechazar la nueva Constitución, se difundió un torrente de desinformación a través de WhatsApp y las redes sociales, y una serie de cuantiosas donaciones políticas y turbios dispendios dieron una ventaja económica a la campaña por el rechazo, lo que sin duda influyó en los votantes. El esfuerzo fue abrumador, y muy eficaz, con el objetivo de confundir a los chilenos para hacerles creer que la nueva Constitución significaría el fin del derecho de propiedad de vivienda y permitiría abortar hasta el momento del nacimiento, entre otras cosas terribles.
No se puede subestimar esta campaña de dudas, temores y mentiras. Se aprovechó de algo que es real y que no se podía vencer con verificación de datos o desmentidos, por muchos que fueran: los chilenos, por encima de todo, quieren seguridad. Y un texto que no nace del consenso, el respeto y los intereses comunes no puede proporcionársela.
Boric ha hecho bien admitiendo los fracasos. En un discurso, después de que los chilenos se pronunciaran claramente, dijo que la Constitución que se redacte más adelante tendrá que dar certidumbre y unir al país.
Para tal fin, y con la bendición de Boric, el Congreso está estableciendo ya los parámetros con los que se emprenderá la redacción de una nueva Constitución: quién la redactará, en qué plazos y cómo ceñirla a los aspectos importantes donde ya hay unidad. Existe el acuerdo general, por ejemplo, de que la nueva Constitución debe reconocer algo que no figura en la antigua: que Chile es un Estado social y democrático garante de los derechos, la igualdad y el bienestar de todas las personas, al margen de su estatus o posición social.
Esa es la base. Ahí empieza la seguridad. La promesa, y los peligros, del camino por recorrer estriban en conseguir que todos los chilenos se pongan de acuerdo en estos puntos esenciales, coincidan o discrepen en los no esenciales y se unan en torno al resto. No será fácil, y los actores que actúan de mala fe y que no quieren un cambio podrían volver a entorpecerlo. Pero es el único modo de que Chile tenga una Constitución que dé cabida a todos.
Cristian Farias es periodista y columnista de The New York Times.
