Los impuestos son tributos que obligan a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios, sin que exista una contraprestación directa por su pago o, como bien dicen, son una forma de compartir la riqueza para que ésta se convierta en bienes comunes y públicos para la sociedad. Para tal fin se crean impuestos recaudadores y aquellos que justifican su existencia para desincentivar el consumo de bienes que causan daño a la salud, el mecanismo incrementa el precio de dichos bienes para limitar indirectamente su consumo, en esta línea el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) es el ejemplo más claro de esta política.
A nivel internacional se ha establecido que esta medida tributaria puede prevenir parcialmente el daño causado a la salud por el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco, sin descartar otro tipo de medidas complementarias como la concientización y la educación.
Por otro lado, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo y de las políticas adoptadas por el Gobierno, es importante proteger a la industria nacional a través de la sustitución de bienes importados por bienes que se producen con calidad en nuestro país, éste es uno de los pasos para potenciar la industrialización en rubros específicos como una vía para la reconstrucción de la economía nacional y para preservar el bienestar y el futuro de los bolivianos.
Ante este escenario, el Gobierno ha emitido la Ley 1462, que establece un rango de alícuotas para la aplicación del ICE, sin que esto signifique un incremento del impuesto como tal, el tema ha sido desvirtuado una vez más por intereses particulares de algunos “analistas” que pretenden desinformar y desmerecer los resultados en materia económica que sostienen la estabilidad presente, misma que nos ha permitido sobrellevar los embates de la crisis provocada por la guerra y la aplicación de las recetas ortodoxas de corto plazo, cuyos ajustes derivan en perjuicio para la mayor parte de la gente.
Es lamentable que algunos bolivianos obvien y menosprecien al empleo y a la producción boliviana (léase Antonio Saravia), dictando alternativas vagas y teóricas que no responden de forma pertinente a las necesidades actuales, además olvidando convenientemente la senda de reconstrucción económica que se ha emprendido, luego de un año (2020) en el que el Estado fue manejado de forma irresponsable y que se asemejó más a una comparsa o un club de amigos.
Bolivia está moviéndose de nuevo, realizando los esfuerzos necesarios para preservar la confianza y aplicar medidas concretas que resuelvan problemas que solo pueden ser tratados si se conoce de cerca las necesidades de la gente y particularmente de los segmentos de menos ingresos; por ello, cuidar la industria nacional y desarrollarla es un objetivo que va más allá de la ceguera teórica, de la comodidad de cuestionarlo todo sin proponer y de la facilidad de prestarse a los intereses velados de unos cuantos que ponen al país por detrás de sus ambiciones políticas.
El Gobierno, como premisa, busca fortalecer el sector productivo boliviano y una medida que coadyuva a este fin es precisamente la de establecer una banda de alícuotas para el ICE, como un mecanismo rápido para la defensa de la industria nacional, fomentando el consumo de lo nuestro ante lo extranjero.
Ana Karina Auza es auditoria y Jarold Escóbar es economista.
