Desde hace ya varios años, el desarrollo urbano de la ciudad de La Paz ha estado siendo definido por los intereses de los promotores inmobiliarios. Lo que está primando es la búsqueda del lucro por encima de la mejora de la calidad de vida y la construcción de un hábitat sostenible y equilibrado. Peor aún, detrás de esas dinámicas parecen ocultarse colusiones espurias entre autoridades locales y grupos de poder.
El intento burdo y poco transparente de aprobar cambios en la normativa del uso del suelos en varias de las zonas con mayor potencial para la especulación inmobiliaria fue un síntoma más de la decadencia de la planificación urbana y de la incapacidad de las autoridades para privilegiar el bien común por encima de los intereses de unos pocos.
Lo novedoso, sin embargo, es que esas pulsiones ya ni siquiera se ocultan, sus argumentos son desvergonzados. El modelo de ciudad que nos están ofreciendo es clarísimo, consiste en “una modernidad” basada en un crecimiento inmobiliario casi sin límites urbanísticos, en cualquier espacio que tenga potencial para generar ganancias y que además no esté sujeto a estorbos normativos, estéticos o medioambientales. Así, dicen que se crearán más empleos y todos podremos acceder a una vivienda barata.
La sinvergüenzura es tal que los impulsores de esa distopia se atribuyen incluso ínfulas “democratizadoras”, contraponiendo a las “cinco familias” que dicen que tienen un monopolio de la construcción con los nuevos inversionistas, seres altruistas y generosos que nos ofrecerán a todos apartamentos a $us 25.000 con sofá y mobiliario incluido. Decenas de Green Towers a precios de vivienda social serán el símbolo del bienestar paceño.
La demagogia aguanta todo, como si no se supiera que ese modelo, regulado casi únicamente por el mercado, suele acabar en una ciudad segmentada y con una calidad de vida mediocre para todos, incluyendo a los ilusos que compraran un apartamento de 30 metros cuadrados sin sol y sin posibilidades de acceder a algún lugar público para caminar, distraerse o hacer vida social, actividades extravagantes y superfluas para nuestras progresistas autoridades.
¿Estoy exagerando? Guardando las proporciones basta ver en lo que se convirtió Sopocachi y parte de Miraflores en el último quinquenio. En ninguno de esos barrios, urbanizados a mazazos y a punta de rascacielos se redujo el precio de los apartamentos al mismo ritmo que el deterioro del hábitat circundante.
Por lo visto, los intereses para subastar cualquier espacio, ahora en la zona Sur, para que ese modelo siga contaminando toda la hoyada son inmensos y no se van a detener. Para eso cuentan con un consenso, casi transversal, en la Alcaldía y el Concejo, donde “pititas” y masistas parecen ahijados de los desarrolladores inmobiliarios. Sorprende cómo el lucro puede hacer trizas la polarización.
¿Estamos perdidos? No lo creo, la reacción de la opinión en esta semana fue sorprendente, por su intensidad y su transversalidad. La indignación en redes y medios logró detener la ordenanza que se pretendía imponer entre gallos y medianoche. Indicio de que ciertos valores y expectativas están cambiando, haciendo más difícil que nos engañen con espejitos de colores y se aprovechen de nuestro deseo de contar con una vivienda digna que, por supuesto, no solo tiene que ver con su costo, sino con su capacidad para hacernos la vida más enriquecedora.
Hay que mantenerse alertas, se viene el contraataque, esta vez con mejores “narrativas”, con cara de impulsores de la “inversión” e incluso de ordenadores de las “irregularidades”. El propósito es prístino, se trata de cambiar las pocas normativas que aún dificultan que se entre con topadora y cemento en los pocos barrios paceños donde aún se puede lograr algún equilibrio entre construcciones, espacios verdes, servicios sociales y mejores prácticas de movilidad.
Desde la izquierda es necesario denunciar a los impostores propios y ajenos, a los que apuestan por una ciudad para pocos, sin criterios sociales y medioambientales. Se trata de resistir cuatro años, intentando que no se cometan demasiadas tropelías y que ojalá todos los ciudadanos le pongamos fin democráticamente a este despropósito votando en las próximas elecciones municipales no por fobias políticas sino por proyectos de ciudad.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
