El 10 de octubre de 2022 muchos dirán que celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. Muchos otros contestaremos que son 40 menos uno. Que en 2019, con el pretexto de un fraude electoral nunca demostrado, se produjo el derrocamiento inconstitucional del presidente Evo Morales para dar paso a un gobierno que jamás de los jamases podrá quedar inscrito en el registro de la legalidad democrática.
El gobierno presidido por Jeanine Áñez fue producto de la violación a la Constitución y a los reglamentos legislativos para convertirse en tal y a continuación ejerció el poder de manera autoritaria, violatoria de los derechos humanos y corrupta. La expresidenta está en la cárcel, sentenciada a 10 años de reclusión por vulnerar la Constitución y las leyes, y su principal colaborador, el exministro de la muerte Arturo Murillo, también está en la cárcel (Miami, Florida) por negociados en la compra de materiales represivos destinados a masacrar al pueblo.
Acabo de visionar Argentina, 1985 (Santiago Mitre, 2022), extraordinario documento cinematográfico que registra la titánica tarea de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en el enjuiciamiento y condena de los nueve jerarcas militares argentinos que sembraron el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, encabezados por el teniente coronel Jorge Rafael Videla. En el final de su vibrante alegato, Strassera, (personificado por Ricardo Darín), pronunciaría una frase-consigna que quedará marcada en la memoria histórica de América Latina: “Nunca más”.
No sucedió lo mismo en Bolivia, que precisamente en 1985 inauguraba dos décadas de neoliberalismo con la participación de un hermano de sangre de Videla dentro el Plan Cóndor, el general Hugo Banzer Suárez, que luego de dejar el gobierno en 1978, después de siete años como dictador, reingresó a la política por la puerta democrática con la fundación de su propio partido, Acción Democrática Nacionalista (ADN), que apuntaló el reajuste estructural dictado desde el Consenso de Washington a través del Decreto Supremo 21060, con el que empezaba a funcionar la democracia de pactos, interviniendo la Marcha por la Vida, dejando sin trabajo a 23.000 mineros y confinando dirigentes sindicales —esa sí que era persecución política de verdad— a la localidad de Puerto Rico, Beni.
En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín respaldaba en Argentina a Strassera y Moreno Ocampo para enjuiciar y sentenciar a los militares golpistas genocidas. En 1985, el cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro firmaba en el Palacio Quemado de Bolivia, el Pacto por la Democracia, reeditando lo que fuera en 1971 el golpista Frente Popular Nacionalista (FPN) encabezado por Banzer con la participación de las Fuerzas Armadas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB).
En mis 40 años de periodismo, vale decir en los 40 años de democracia menos uno, no se me pasó por la cabeza que volveríamos a tener en Bolivia, otra vez, golpistas con distintas jerarquías y diferentes intensidades de actuación.
Estaba convencido de que el último gran enemigo de la democracia y sus libertades ciudadanas se llamaba Luis García Meza, pero en 2019, fui desmentido por una realidad lacerante con el regreso de las fuerzas militares y policiales a las calles para perseguir, amedrentar, apresar indebidamente, sembrar pruebas incriminatorias, esta vez contra los actores de la esfera popular boliviana que cometieron sacrilegios tales como los de hacer flamear wiphalas en las carreteras y en las barricadas oponiéndose a la llegada de los golpistas de nuevo siglo que entre los desmanes, torpezas y crímenes cometidos, demostraron por qué Bolivia, entonces, había dejado de ser democrática, a pesar de la vigencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional presidida en sus dos cámaras por representantes del MAS, que estuvo a muy poco de quedar políticamente intervenida y clausurada por el gobierno de Áñez y sus esbirros.
Quienes se llenaron la boca de virtudes democráticas desde 1982, terminaron tan golpistas como sus antecesores y mentores político-ideológicos. Así, Tuto Quiroga termina su carrera política tan golpista como el general Banzer. Lo mismo que Óscar Ortiz. Lo mismo que el hijo de un falangista del golpe de los años 70, hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Lo mismo que Carlos Mesa, el vicepresidente de Sánchez de Lozada, adorador de Paz Estenssoro. Lo mismo que Samuel Doria Medina. Lo mismo que Waldo Albarracín. Lo mismo que Rolando Villena (+). Lo mismo que curas católicos como monseñor Eugenio Scarpellini (+).
Hay que recordar por estos días a los auténticos luchadores por las libertades ciudadanas, y en este último tiempo, a quienes, desde las carreteras y las organizaciones sociales se movilizaron para recuperar a través de elecciones producidas en 2020, la senda de la democracia con gobernantes electos por el pueblo.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
