En un reciente diálogo organizado por el Grupo “Marcos Escudero” se trató la situación de los hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas. Expusieron el tema dos especialistas que, en su momento, tuvieron responsabilidades ministeriales en el rubro: Álvaro Ríos Roca y Mauricio Medinaceli. Ambos coincidieron en definir la situación actual como difícil y las perspectivas como muy críticas.
Hoy nadie menciona más la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón energético de América del Sur. Bolivia ya es un importador neto de hidrocarburos.
Los especialistas también coincidieron al identificar la causa de este dramático cambio de situación: la nacionalización. Ésta expropió las acciones que tenían los bolivianos a través del Fondo de Capitalización Colectiva, y obligó a los inversionistas extranjeros a cambiar sus contratos, aceptando una carga tributaria mayor, a cambio de garantizarles rentabilidad al cubrir sus “costos recuperables”. Esto desalentó nuevas inversiones y estimuló la explotación acelerada de los yacimientos ya existentes.
El debate se centró luego en lo que debería hacerse para reactivar la producción, volver a exportar y satisfacer las expectativas de la gente. El escenario más optimista dice que, si se cambia de inmediato y radicalmente la política de hidrocarburos, comenzando por la Constitución, y se consigue que comiencen a llegar nuevas inversiones con alta tecnología, recién cinco años después sabremos si puede ser posible lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos o contar con un sector exportador dinámico. Tal vez esto nos dé una oportunidad de desarrollo.
En medio del debate, Medinaceli recordó que varios profesionales firmamos en 2006 una propuesta de distribución directa de las rentas de recursos naturales entre todos los ciudadanos. La idea entonces no era solamente cumplir con la afirmación constitucional de que los recursos naturales son de todos, sino también la de evitar los males del rentismo estatal, una enfermedad que se contagia muy fácilmente hacia la sociedad, como precisamente ocurrió, con secuelas que todavía nos afectan.
El rentismo surge de la concentración de las rentas en el Estado divorciándolo de la vida económica de la sociedad. El Estado resuelve con rentas sus problemas de financiamiento, cobrando a un puñado de empresas, y depende menos de los impuestos, que exigen mayor trabajo de cobranza y que se generan con el trabajo y la producción de miles de personas y empresas. De espaldas a la economía pero con recursos, el Estado se concentra en la gestión política, logrando apoyos mediante el gasto público. Esto, a su vez, incentiva comportamientos corporativos en la sociedad: todos se organizan en grupos que luchan para “arrancar” recursos al Estado: inversiones, servicios, oficinas, subsidios, etc. Así, en vez de que la creatividad y el esfuerzo de la gente se canalicen hacia la producción, lo hacen hacia la “política”, reducida a pugnas por el presupuesto. Las rentas de recursos naturales terminan distribuidas al calor de la presión corporativa, muchas veces en proyectos insostenibles y otras en simple despilfarro.
Sucedió precisamente eso, pues caímos en la trampa del rentismo. Pudimos haberla evitado creando un fondo soberano, como lo hicieron en Noruega, pero no teníamos entonces (y menos ahora) la institucionalidad y fortaleza jurídica para hacerlo. También lo hubiéramos evitado, como propusimos algunos, dándole a la gente su plata, porque sin duda hubiera hecho un uso más prudente de ella que la burocracia, y seguro no se habría distraído en pugnas pseudopolíticas como las que han debilitado nuestra democracia.
Para tener una idea, tomando en cuenta un informe de YPFB que asegura que se recaudaron más de $us 37.000 millones entre 2006 y 2019, su distribución entre la gente hubiera llevado a cada familia cerca de $us 15.000 de libre uso en estos años. Para la mayoría, eso hubiera sido un cambio radical de vida.
Para ambas opciones ya es un poco tarde, ahora nos queda trabajar y producir.
Esa es la oportunidad.
Roberto Laserna es economista de CERES.
