La lucha contra el COVID trajo mucha incertidumbre en el ámbito económico, los países a nivel mundial tomaron una serie de medidas para poder contrarrestar los efectos negativos de esta pandemia, como inyección de recursos en la economía, implementación de planes de ayuda a los sectores estratégicos de sus respectivas regiones, planes sociales de subvención, etc. No siendo suficiente los efectos negativos del COVID, al primer trimestre de la presente gestión se tuvo un nuevo actor liderado por Rusia y su guerra contra Ucrania, lo que tuvo un efecto directo en la economía de los países colindantes con Bolivia, influyendo en los distintos niveles y sectores económicos, principalmente los relacionados a materias primas y alimentos básicos, circunscribiendo sus efectos en toda la región latinoamericana; sin embargo, cabe resaltar que los efectos en Bolivia no fueron de la magnitud ni preocupación como lo experimentaron países como Argentina y Brasil, más al contrario, se reportaron indicadores positivos como un baja inflación, posicionando a Bolivia como el país con mejores perspectivas económicas, situación que genera malestar en analistas económicos y principalmente políticos.
Uno de los principales factores para que Bolivia haya afrontado los efectos del COVID, permitiendo la reactivación de la economía, fueron las transferencias realizadas a la población con la finalidad de reforzar el consumo interno a través del Bono contra el Hambre, que llegó a beneficiar a 4.015.364 personas. Dicha medida, no solo dotó de recursos a los beneficiarios, sino también permitió que los agentes económicos lograran reducir el stock de productos que vinieron acumulando a lo largo de 2020, recuperando su liquidez, y permitió la renovación de inventarios.
Las gestiones fiscales y el incentivo a la inversión lograron consolidar la reactivación económica en 2021, los que se tradujeron en mayores ingresos a través de la recuperación de mercados, industrialización de la economía y sobre todo reactivación de las empresas públicas que lograron un crecimiento en ingresos corrientes de 15,4% y en utilidades netas, de 480% respecto a 2020; asimismo, la inversión pública de las EPNES alcanzó en 2021 a Bs 4.073 millones.
El 2021 fue la punta de lanza para que todos los actores económicos logren su reactivación, en el marco de las políticas diseñadas para la reconstrucción de la economía, como herramientas del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que, con su recuperación en noviembre de 2020, generó la estabilidad económica y social, otorgando certidumbre en la población, por lo que para 2022 se tienen proyecciones optimistas en cuanto a los indicadores macroeconómicos, tal como lo señalaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: que Bolivia alcanzaría un crecimiento del 4,1% y 3,8%, respectivamente.
En ese contexto, las empresas públicas, para el segundo trimestre de 2022, registraron ingresos por ventas superiores en 53% respecto a similar periodo de 2021, destacándose YPFB, Vinto, BoA, EBA, ENDE, Emapa, entre los más relevantes, producto del incentivo a la demanda propiciado por las acciones y políticas como créditos productivos, incentivos tributarios para la importación de maquinaria productiva, inversiones públicas y otras orientadas a reforzar la matriz productiva.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo tiene como fin principal la generación de empleo, redistribución de los ingresos, industrialización de las materias primas, y utilización de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos, componentes que permitieron una baja influencia de los shocks externos, teniendo una inflación de 1,8% acumulada a septiembre, siendo la más baja de la región. Estos aspectos permiten que la economía boliviana tenga un crecimiento constante, destacándose la integración de los distintos niveles socioeconómicos y culturales.
Daniel Villarroel es economista.
