Para afrontar el desafío de la informalidad laboral en nuestro país, debemos conocer con exactitud de qué se trata. Entendemos a la informalidad laboral como la condición en la cual los trabajadores se encuentran realizando temporalmente su actividad, es decir, perciben un sueldo por sus servicios, pero no se encuentran registrados en el sistema de pensiones. Es una característica que ocurre con los dependientes de las micros y pequeñas empresas (MyPE).
Es un desafío para el país, ya que la baja calidad de estos empleos se traduce en sueldos bajos, pagos a destiempo, despidos sin ningún tipo de compensación, inestabilidad laboral, entre otros. Por otro lado, también tiene como consecuencia que los trabajadores informales no cuentan con seguro de salud, reposo por motivo de salud o maternidad en su puesto de trabajo.
Todo esto frena el crecimiento económico, la productividad y genera menor bienestar en la población. Aparte, dentro de las grandes y medianas empresas la tasa de informalidad es baja, donde solamente el 20% de los trabajadores de firmas con 100 o más trabajadores son informales, en comparación con las MyPE, que cuentan con un 87% de informalidad laboral, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según dicha entidad, en la gestión pasada se generó un valor agregado de Bs 42.253 millones, de los cuales el 52% corresponde a la actividad productiva frente a un 9% para la actividad comercial, y 39% para la actividad de servicios. Por lo tanto, es primordial que las políticas públicas que buscan combatir la informalidad vayan enfocadas a las MyPE, principalmente las que se encuentran en el sector productivo, ya que tienen un mayor impacto en la economía por la creación de empleo y valor agregado en los productos.
Con la Ley 1462, de 9 de septiembre de 2022 y el DS 4795 de la misma fecha, que buscan la sustitución de importaciones, se extendieron los beneficios otorgados hace un año con la Ley 1391 al sector productivo, a través de la exención del IVA para la importación de capital con un valor límite de hasta $us 35.000, además del IVA tasa cero para su comercialización en el mercado interno. Asimismo, se otorgaron créditos productivos como el SIBolivia y programas de apoyo técnico productivo como Bolivia C-reactiva. Son medidas enfocadas principalmente a reactivar las actividades productivas y la generación de nuevas MyPE.
Aún queda pendiente la implementación de mayores políticas enfocadas en reducir o eliminar los problemas burocráticos y costos elevados a la hora de realizar un registro de una micro y pequeña empresa. Además de la generación de incentivos a las MyPE productivas para que puedan formalizarse y así generar las condiciones de asegurar una alta competencia en el mercado internacional y con mayor bienestar en la población.
Considerando que el crecimiento de una unidad productiva implica demandar mayor fuerza de trabajo para dar las condiciones a las nuevas empresas en su etapa de maduración, es importante evaluar el establecimiento de beneficios tributarios extra fiscales vinculados al cumplimiento del Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), como parte de las políticas sociales que buscan el bienestar de la colectividad.
Jhonatan Tito es economista.
