Durante las últimas semanas, opinadores pusieron en duda la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) en lo que se refiere al cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se constituye en el principal indicador para medir la inflación. Esto debido a que la inflación acumulada de Bolivia a septiembre fue de 1,76%, constituyéndose en la más baja de la región (algo elogiado tanto a nivel nacional como internacional), considerando que, debido al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el mundo atraviesa un escenario adverso de niveles altos de inflación.
El INE, para realizar el cambio de año base (2016), aplicó las recomendaciones estándares y normas internacionales descritas en los manuales elaborados por la OIT, el FMI y el BM, por lo cual, la metodología utilizada para calcular el IPC cumple con los estándares internacionales requeridos y poner en tela de juicio la labor realizada no es correcto y carece de fundamentos válidos.
Pero, así como algunos dudan de la labor realizada por el INE y que el IPC refleje la realidad de la economía boliviana, otros expresan su “preocupación” por la sostenibilidad de las medidas implementadas para lograr este resultado, así como sus implicancias. Recientemente, un opinador afirmó que la baja inflación refleja “modestas presiones de actividad y gasto”. Pero al analizar las cifras, se evidencia que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento acumulado del 4,13% al segundo trimestre de 2022 (superior al 3,97% registrado en el primer trimestre); este resultado refleja una evidente recuperación y dinamismo de la actividad económica, contrariamente a lo que este opinador afirma.
Ahora, otro aspecto que señala aquel opinador son los precios regulados de algunos bienes como el combustible y algunos alimentos, además que cuestiona la sostenibilidad de esta medida.
Es importante señalar que el Gobierno viene avanzando en proyectos que permitan reducir las subvenciones, como los proyectos de construcción de las plantas de diésel renovable, biodiésel y diésel sintético; además de la compra de etanol (utilizado como aditivo), los incentivos tributarios a la importación de vehículos eléctricos e híbridos, el Centro de Almacenamiento y Transformación de Cereales de Emapa, entre otros. Dichos proyectos y medidas permitirán reducir el monto destinado a las subvenciones de combustibles y materias primas del sector productivo.
En el mismo sentido, este opinador realiza un análisis incompleto respecto a la regulación de productos como el pan, debido a que el Gobierno no se dedica simplemente a regular su precio, sino que implementa medidas de apoyo a la producción de estos, lo que posibilita que sus precios se mantengan en niveles estables. Por ejemplo, si bien el precio del pan está regulado, el Gobierno, mediante Emapa, otorga harina de trigo al sector panadero a precios preferenciales, esto permite mantener estables sus costos de producción y, a su vez, que el precio del pan se mantenga fijo. Por su parte, si bien el precio de la carne de pollo no se encuentra regulado, el Gobierno también implementa este esquema de apoyo a la producción (mediante subvención al maíz), lo cual permite mantener los precios estables sin generar desincentivos a los productores.
Por lo tanto, la baja inflación que registra Bolivia es elogiable al ser, a su vez, compatible con el proceso de reconstrucción y reactivación de la actividad económica. En línea con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el Gobierno puso y pondrá en marcha diversos proyectos y programas en busca de la industrialización y la sustitución de importaciones, que permitirán mitigar el gasto destinado a las subvenciones (como se mencionó antes), lo cual, a su vez, refleja que se tiene una visión de mediano y largo plazos.
Angel Surco Chuquimia es economista.
